Polarización

Una descripción sumaria de la vida política se podría realizar sobre tres afirmaciones: fragmentación y decadencia del sistema de partidos; populismo como ideología emergente que ha dejado de limitarse a caracterizar a unos determinados partidos para contaminar toda la acción política; y polarización política con reflejo en una creciente polarización social. 

Son circunstancias que, en general, se pueden predicar de todos los sistemas políticos occidentales. En estas líneas, me centraré en su reflejo en nuestro país y, en concreto, en el análisis de la polarización como factor esencial para la comprensión de la crisis actual de nuestro sistema político.

Toda sociedad es, por definición, pluralista. Lo es, incluso, en regímenes autoritarios (así lo demuestran las protestas de estos días en Irán). La diferencia, en un sistema democrático, es que ese pluralismo lejos de ser visto como una amenaza, como un riesgo intolerable para el sistema político, se reconoce como un valor esencial del orden social. Así, nuestra Constitución reconoce como valor superior del ordenamiento jurídico el pluralismo político y la libertad ideológica y religiosa como derecho fundamental. Porque el pluralismo, y muchas veces no se entiende cabalmente, no es sólo político: es ideológico, amparando formas muy diversas de vivir y pensar. No está de más añadir que el constituyente fue radical en su concepción y protección, rechazando cualquier reflejo de democracia militante y haciendo posible de esta manera que cualquier ideología, incluso las abiertamente contrarias a la Constitución, se puedan expresar, con la única condición de emplear medios pacíficos.

Las líneas anteriores sirven como premisa para entender la gravedad de las consecuencias de un sistema político polarizado y de una sociedad que, progresivamente, adopta posiciones similares. El pluralismo descrito, que ampara visiones antagónicas, tiene como presupuesto dos reglas esenciales: el respeto por todos a las reglas del juego definidas en la Constitución y la tolerancia real hacia las ideas de los demás; una tolerancia que aplicada a los actores políticos implica la asunción de la necesidad de alcanzar acuerdos con el otro. Si estas dos premisas se rompen, el equilibrio en el que se sustenta el desenvolvimiento del pluralismo en una sociedad democrática, corre serio riesgo de quebrarse. Ello empieza a suceder cuando se incumplen de forma sistemática las reglas esenciales que rigen el funcionamiento institucional; cuando la incapacidad para encontrar acuerdos con el contrario se convierte en constante; o cuando se demoniza a quien opina de forma diversa. En la España de hoy, ello es frecuente.

A la hora de buscar responsabilidades, cada uno encontrará la suya, la que más le conviene. La regla es conocida: el culpable es el otro. También el lector tendrá su elección. En todo caso, hay causas estructurales, como la profunda transformación social acaecida en los últimos años; la convulsa evolución de la información política con la consolidación de escenarios propensos a la radicalización más simple; o la decadencia de los partidos, que hoy parecen incapaces de filtrar y digerir las pasiones sociales. Junto a ello, no quiero dejar de subrayar una responsabilidad social que se demuestra con claridad, la escasa transversalidad del elector español, que suele manifestarse contrario a acuerdos con el adversario.

En todo caso, más allá de las causas, es obligado regresar a las consecuencias: una sociedad polarizada es una sociedad en riesgo. Cuando quien piensa de manera contraria es, por definición, un ser equivocado, un enemigo de la verdad, el problema es serio. Cuando se excluyen por definición los acuerdos con el adversario político, el problema se agrava. La democracia, hay que repetirlo, se construye sobre el acuerdo y el respeto al otro. Tanto en la esfera pública como en la privada. Una premisa olvidada y que no parece que interese recordar a nuestros dirigentes.