El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento turolense recurrirán los criterios para la elección de la sede de la Agencia Espacial Española, a la que opta Teruel. Les asiste la razón cuando alegan que los parámetros anunciados solo pueden cumplirlos zonas densamente pobladas y con infraestructuras consolidadas, lo que perpetúa el desequilibrio territorial y niega la igualdad de oportunidades. Si el Ejecutivo central tiene voluntad de descentralizar los nuevos organismos del Estado como parte de la lucha contra la despoblación y para aumentar la cohesión geográfica, tal y como figura en el real decreto que regula este proceso, tiene que generar previamente las condiciones y construir las infraestructuras que permitan llevar instituciones estatales más allá de las grandes ciudades.

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo el decreto para desconcentrar organismos públicos con el objetivo principal de contribuir a la fijación de población en capitales de ciertas provincias y en cabeceras de comarca mediante la creación de empleos directos e indirectos en un intento de compensar una realidad que parece insalvable: 41 millones de españoles residen en el 30% del territorio y solo 6,4 millones habitan en el 70% restante. Sin embargo, en los primeros procesos de ejecución, en concreto en la designación de la sede de la Agencia Espacial, ya muestra sus deficiencias.

Está claro que el reto no es tratar de repoblar la España vaciada sin seguir ninguna lógica. Hay que hacerlo aprovechando las potencialidades de cada territorio. Teruel, por ejemplo, puede protagonizar procesos de innovación gracias a su geografía y al trabajo de grupos ya enraizados. Lo que no puede hacer el Gobierno central es exigirle a una ciudad, para que pueda optar a la localización de uno de esos organismos, una infraestructura que él mismo no le ha construido.