Un gesto de distensión
Las tres horas de reunión que este lunes han protagonizado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa no han servido para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero sí para escenificar un acercamiento. Gobierno y PP se han comprometido a impulsar «un último intento» para conseguir una «solución rápida» que resuelva la renovación tanto del máximo órgano de gobierno de los jueces como del Tribunal Constitucional. Se trata de una reacción lógica, aunque pobre, ante la gravedad de una crisis que ha alcanzado su punto álgido con la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Los partidos tienen la obligación constitucional de pactar sin dilación una solución porque la calidad democrática de un país se mide por el funcionamiento de sus instituciones.
El PP y el PSOE vienen maniobrando desde hace décadas con la independencia de uno de los tres pilares del Estado, el Poder Judicial. La renuncia de Carlos Lesmes es la última y grave consecuencia de la tensión a la que ambos partidos han sometido a las instituciones y, en concreto, a la Justicia, para atender a sus objetivos partidistas. Las hemerotecas son prueba contundente y fiel de como unos y otros, según quien ocupara el Gobierno y quién la oposición, han intentado mantener bajo control los tribunales, poniendo en entredicho el sistema de elección parlamentaria de vocales y jueces. Ni el Gobierno puede tomar al asalto el Constitucional ni el PP puede seguir poniendo trabas a la renovación.
PSOE y PP vuelven a anunciar, por enésima vez, su voluntad de desencallar el embrollo del gobierno de los jueces. Ya es hora de que pasen de los pronunciamientos a la ejecución de decisiones. No caben más maniobras dilatorias sino el cumplimiento de una exigencia constitucional.
