Monarquía y razón

Para un profesor de Derecho constitucional, la actualidad es una fuente constante de suministro de información para sus clases y reflexiones. 

El fallecimiento hace dos escasas semanas de la reina Isabel II de Inglaterra admite muchas lecturas y, todas ellas, de indudable relevancia.

En estas líneas, me concentraré en su significado en relación con la monarquía como institución constitucional. De acuerdo con la Constitución española, "La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria». Como es sabido, es preciso interpretar adecuadamente esta dicción: la forma de gobierno que los españoles nos dimos en 1978 es la parlamentaria y la voz monarquía se refiere a la jefatura del Estado, en concreto, al hecho de que es hereditaria. La consecuencia inmediata es que resultaba preciso conciliar la condición no electiva de la Jefatura del Estado con el postulado del Estado democrático de derecho, fundamento de todo nuestro orden constitucional.

La fórmula utilizada por los constituyentes no fue original: se desapodera cuasi radicalmente al monarca de poder efectivo y su posición constitucional se restringe a una función esencialmente simbólica. Entonces, si no ejerce poder alguno, ¿por qué y para qué puede ser útil esta institución? Una pregunta que nos devuelve a lo sucedido durante los últimos días en Gran Bretaña.

Durante largo tiempo, fuimos muchos los que afirmamos una convicción monárquica relativa en tanto en cuanto se encontraba limitada al papel desempeñado por Juan Carlos I durante la Transición. Personalmente, solía añadir que era difícil defender la institución desde argumentos meramente racionales, pero que la coyuntura española me llevaba a hacerlo. Una idea que he ido matizando de forma más o menos consciente hasta que el fallecimiento de Isabel II me ha revelado con claridad que hoy hay argumentos racionales poderosos para defender una institución como la monarquía.

Por definición, la monarquía, se encuentra indisolublemente ligada a la historia. El bagaje de Isabel II no era sólo el producto de su conducta. Los británicos y ciudadanos que la tenían como reina veían en ella la continuidad no sólo de sus Estados sino también de sus costumbres, historia, derecho e, incluso, en el caso inglés, religión. De esta manera, les ofrecía una seguridad nada desdeñable en estos tiempos. Pero no es sólo ese vínculo con la historia el que convertía a Isabel II, a todos los monarcas constitucionales, en garantía de continuidad y estabilidad. El hecho de no disponer de un poder concreto, su obligación de mantenerse alejada de cualquier disputa partidista, reforzaba esa imagen. Por encima de conflictos y coyunturas, siempre existía la referencia de la reina. Continuidad y neutralidad que le permitían ejercer con plenitud su condición de símbolo del Estado tanto hacia el interior como en su proyección exterior.

Así, la reina simbolizaba la estabilidad y la continuidad. O, mejor dicho, la continuidad estable. Y este es precisamente el gran aporte de la institución y el argumento que permite hoy defender desde la razón la institución monárquica: aporta estabilidad y continuidad compatibles con la evolución social.

Si bien es un argumento predicable de todo tiempo, posee especial valor en tiempos de mudanza acelerada. Cuando todo cambia rápidamente hasta el extremo de provocar confusión e incertidumbre entre muchos ciudadanos, una institución ajena a esas aceleraciones, ofrece un bagaje no desdeñable. Como también debe valorarse de forma muy relevante su neutralidad en días de polarización extrema. Desde esta perspectiva, bien podríamos añadir la voz serenidad como aporte adicional de la institución a esa continuidad estable.

El desapoderamiento del monarca elimina cualquier incompatibilidad entre monarquía y república: de hecho, entre los quince Estados de mayor calidad democrática según ‘The Economist’, hay ocho monarquías. Por el contrario, aporta serenidad, continuidad y estabilidad en un tiempo en el que manda la confusión.