La manifestación convocada ayer en Barcelona reclamando el uso del castellano como lengua vehicular en los colegios e institutos de Cataluña viene a denunciar la absurda, injusta e inconstitucional política lingüística aplicada sistemáticamente por los nacionalistas. 

En una sociedad bilingüe, como la catalana, en la que una mitad de la población tiene como materna cada una de las dos lenguas, no debiera suponer ningún problema que la escuela combinase con naturalidad el uso tanto del catalán como del español.

La marcha de ayer, que reunió a varios miles de personas bajo el lema ‘Español, lengua vehicular’, fue convocada por la plataforma Escuela para Todos y a ella asistieron representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pero más allá de estos datos, lo cierto es que la política lingüística del nacionalismo catalán aplicada en las escuelas se ha encastillado en un fanatismo que resulta inaceptable. Y ello, ante el silencio o la aquiescencia del Partido Socialista y del Gobierno de la nación. La Generalitat y la mayoría independentista en el Parlament se niegan a acatar y a aplicar las sentencias judiciales que obligan, en consonancia con los preceptos constitucionales, a que los alumnos reciban al menos un 25% de la enseñanza en castellano. Incluso han llegado a aprobar una ley autonómica -claramente inconstitucional- con el único objetivo de burlar las decisiones de los tribunales. Se produce así una injusta discriminación y se atacan los derechos de muchas familias. Y aún más grave, las autoridades catalanas hacen mofa de esta manera del Estado de derecho y ponen en riesgo la convivencia civil en su comunidad. El afán excluyente, el intento de arrinconar la lengua común y el continuo desacato del marco legal que debe regir en toda España son actitudes que no pueden admitirse, y que deberían encontrar una respuesta apropiada en la sociedad y en las instituciones.