En el ojo del huracán

Volvemos del verano y volvemos a hablar de la renovación del Tribunal Constitucional y sus problemas. 

Tras dos años de retraso, el mes de noviembre pasado el Congreso de los Diputados nombraba a cuatro de sus magistrados. Apenas seis meses más tarde, en junio, tocaba ya, por mandato constitucional, la renovación de los cuatro magistrados nombrados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, también pendiente de renovación desde hace más de tres años. La polémica está servida en un caso de flagrante incumplimiento constitucional por parte de nuestras instituciones. Un ‘déjà vu’ que no parece tener solución.

Dos son los problemas que afectan a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, desde el año 2001 ocho de los doce magistrados se nombran por ‘cuotas’ en lugar de por consenso de los dos grandes partidos. Se cumple formalmente la exigencia constitucional de la mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado para su nombramiento, pero, en lugar de consensuar personas de competencia reconocida por encima de ideologías políticas, los dos grandes partidos se reparten los nombramientos, de manera que todo hace pensar que la ideología de los candidatos cobra un peso que no debería tener.

En todo caso, como ya he señalado en alguna otra ocasión, este es un problema relativo. La independencia de criterio de los magistrados en la toma de decisiones, que es lo que se trata de preservar, no se tiene en función de quien te nombra, sino que se tiene cuando los que ostentan el poder ni te pueden castigar ni recompensar en función de tus decisiones. En este sentido, mucho más preocupante es que los partidos políticos que nombraron a un magistrado, recién terminado su mandato, lo puedan nombrar para el Consejo de Estado, Defensor del Pueblo o el Tribunal de Estrasburgo. Eso sí puede afectar a su independencia de decisión durante su mandato.

En segundo lugar, la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional se está haciendo fuera de plazo, en claro -aquí sí- incumplimiento de un mandato constitucional. Y en este punto no cabe la equidistancia. El incumplimiento de los plazos constitucionales tiene como objetivo dar continuidad a un Tribunal hipotéticamente más favorable a la línea ideológica que no es en ese momento la mayoría democrática reflejada en el Parlamento y en el Gobierno. Es decir, por lógica, el incumplimiento de los plazos favorece siempre al principal partido de la oposición. De ahí las sucesivas reformas realizadas por el PSOE para tratar de forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. De ahí la oposición a las mismas del PP.

Técnicamente es probable que tengan razón aquellos que critican la reforma y la contrarreforma socialista para, primero, impedir que un Consejo General del Poder Judicial en funciones pueda hacer los nombramientos de los altos tribunales, y luego, para permitir que se haga respecto al Tribunal Constitucional. Sería mucho más sencillo, como propone María del Camino Vidal en su libro recién publicado ‘El Tribunal Constitucional’ (Marcial Pons, 2022), prever la suspensión de retribuciones o dietas a los diputados, senadores o, en este caso, miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Gobierno, que incumplan, por fuera de plazo, su función constitucional de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero todos sabemos que los propios partidos políticos, que tendrían que aprobar dicha sanción en las Cortes, no lo van hacer. Entre tanto, nuestro Tribunal Constitucional seguirá en el ojo del huracán. Y nuestra democracia un poco más degradada.