La actividad industrial en Aragón se está viendo amenazada por los elevados costes energéticos. 

Es un nuevo desafío para un sector económico que en la Comunidad tiene un peso muy relevante. La guerra en Ucrania le está saliendo muy cara, al igual que le está ocurriendo a la industria de toda Europa. Además, no hay que descartar que la situación se complique aún más en los próximos meses si Rusia cumple su amenaza de cerrar el grifo del gas natural. En este contexto, tanto Aragón como España y el conjunto de la UE deben acelerar el tránsito hacia un nuevo modelo energético más diversificado, renovable, mejor regulado, más eficiente, mejor interconectado y más independiente del exterior. Mientras tanto, los gobiernos deben tutelar esta transición para que el tejido productivo y laboral sufra lo menos posible.

El impacto de las sanciones europeas en la economía rusa es importante, ya que este año entrará en recesión. Pero para la UE también tiene grandes costes. Los precios de la energía y de los alimentos se han disparado desde que comenzó la guerra y se adoptaron sanciones mutuas. Los ciudadanos europeos, aunque persiste el crecimiento económico, se están empobreciendo a causa de una elevada tasa de inflación; mientras tanto, las empresas están sufriendo también una considerable merma de competitividad a causa de la subida constante del precio de la energía. En países de nuestro entorno ya se están anunciando paradas de producción en la industria y deslocalizaciones. Además, las perspectivas de consumo no ayudan, porque si la inflación sigue azuzando, también caerá la demanda. Urge pues una respuesta firme desde todos los ámbitos y coordinada desde Bruselas. Europa seguirá sufriendo ‘shocks’ energéticos mientras no se cuente con renovables suficientes para suplir la actual falta de energía barata.