Las alarmantes señales que anuncian nuevos incrementos en el precio de la electricidad, ya de por sí disparado, han hecho reaccionar a la Comisión Europea, que quiere ahora impulsar una «intervención de emergencia».

Es acertado que Europa aborde también este aspecto de la crisis energética desde una perspectiva común, aunque las medidas tengan que contener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las particularidades de cada país. Si no se actúa pronto, la escalada de la luz y del gas puede poner en serios aprietos a la industria y a los hogares en toda la Unión.

Mientras que en España el precio mayorista de la luz experimenta hoy una subida del 8%, en Alemania el mercado a futuro para 2023 anticipa los mil euros por megavatio hora, un coste que sería inasumible, y en Francia, con la mitad de sus centrales nucleares paradas por diversos motivos, el gobierno anuncia la posibilidad de un racionamiento de la electricidad en los próximos meses. Parece claro que, como reconoció ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el sistema de fijación de precios establecido en la UE, que vincula el mercado de la luz a la fuente más cara, en este momento el gas, no resulta válido en las condiciones actuales. Mientras se diseña un nuevo modelo, los ministros de Energía tendrán que tomar, en su reunión del próximo 9 de septiembre, decisiones de efecto inmediato para frenar la espiral alcista de la electricidad. Está sobre la mesa la posibilidad de extender a todos los países el ‘tope del gas’ aplicado ya en España y Portugal, así como replantear el peso que los derechos de emisión de CO2, enfocados a luchar contra el cambio climático, tienen en el mercado eléctrico. La reacción europea debiera haberse producido antes, pero en todo caso lo importante es que ahora se actúe de manera coordinada y conjunta y que se encuentren los mecanismos adecuados para encauzar el problema.