Los montes aragoneses están sufriendo un verano negro. 

Si en julio el incendio de Ateca se convirtió en el más extenso de los últimos treinta años, ahora, el que se desató el sábado en Añón tiene ya también un alcance dramático. Los incendios forestales se están cebando en España este año, rompiendo una tendencia favorable que había conseguido disminuir durante décadas las hectáreas quemadas. Lo que está ocurriendo obliga a reconsiderar no solo el modelo seguido en la lucha contra el fuego, sino también la política forestal.

Ocho localidades evacuadas, una carretera nacional y dos autonómicas cortadas y más de ocho mil hectáreas quemadas convierten al incendio forestal del Moncayo, que todavía está fuera de control, en un suceso dramático. Que además podría afectar a los cascos urbanos de algunas poblaciones y a un entorno privilegiado como el parque natural del Moncayo. Está claro que este verano, en toda España, las circunstancias meteorológicas se han conjuntado para favorecer la expansión del fuego. El 2022 va a romper la tendencia a la disminución de la superficie quemada que se ha mantenido en nuestro país desde mediados de los años noventa. Lo que no es fácil de saber es si se tratará de un año excepcionalmente malo o si, a impulsos del cambio climático, podría marcar un nuevo y más virulento patrón. En todo caso, será obligado revisar la estrategia seguida hasta ahora en la lucha contra el fuego. El refuerzo de los medios de extinción ha funcionado durante un tiempo, pero hay que considerar otros aspectos, más ligados a la prevención, como la limpieza de los montes, el efecto protector de la ganadería tradicional o las consecuencias negativas del abandono rural y de la despoblación. Son cuestiones que hay que estudiar para diseñar nuevas políticas que permitan proteger los montes y los bosques. Mientras tanto, hay que agradecer el esfuerzo de quienes se baten contra el fuego y acompañar y prestar apoyo a los afectados.