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Financiar los servicios públicos

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  • EDITORIAL
Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 06/08/2022 A LAS 05:00
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
J. J. Guillén / Efe

Vuelve a estar sobre la mesa el complejo debate del sistema de financiación autonómica, que lleva años pendiente de revisión. 

El Ministerio de Hacienda presentará en otoño una nueva propuesta que deberá discutirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero es improbable que, ante un año electoral intenso, las comunidades y los partidos lleguen a un acuerdo. Entre tanto, los problemas para financiar adecuadamente los servicios públicos se agudizan.

Aragón tiene que aglutinar fuerzas en una posición común ante un debate en el que hay mucho en juego para el futuro de la Comunidad. Ese es el sentido de la reunión de los partidos políticos y de los agentes sociales que el presidente Lambán piensa convocar para presentar con un sólido respaldo la posición aragonesa. Desde Aragón, con peculiaridades como la despoblación, la dispersión poblacional y el sobreenvejecimiento, hay que seguir insistiendo en que lo importante es que el sistema garantice fondos suficientes para sufragar los servicios públicos, como la sanidad y la educación. Para ello el reparto debe tener en cuenta no la población de cada autonomía, sino un modelo de ‘población ajustada’ según criterios que recojan el coste real de prestar esos servicios en la Comunidad. Otras regiones con problemas similares comparten la posición de Aragón, que en cierta medida parece que habría sido asumida por el Ministerio. Pero la negociación será muy compleja frente a posiciones como la de Cataluña que piden un mayor peso del número de habitantes. Tras años de retrasos, es poco probable que vaya a alcanzarse un consenso cuando comienza un periodo político marcado por las citas electorales del próximo año. Si no hay acuerdo, el Gobierno central tendrá que buscar un mecanismo provisional, como el fondo extraordinario que pide el presidente de Aragón, para mejorar la financiación de las autonomías, cuyas cuentas se ven apuradas por el necesario aumento del gasto sanitario.

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