En la década de los ochenta del siglo pasado se quemaron en España una media anual de 241.000 hectáreas de superficie forestal; en la de los noventa, 161.000 hectáreas; en el primer decenio del siglo XXI, 116.000, y en el segundo, 95.000. 

La media de 2020 y 2021, fue de 77.331. Todo indica que este 2022 va a ser muy malo en cuanto a incendios forestales, pero eso no debe impedirnos ver que la progresión de nuestro país en la lucha contra el fuego es positiva. Algo debió de ocurrir a mediados de los años noventa para que las estadísticas de superficie arrasada iniciasen una senda descendente. Quizás algunos cambios legislativos. O que las comunidades autónomas cogieron en su actuación política velocidad de crucero, y es lógico que la proximidad a la gente y al territorio hiciera que se tomasen más a pecho que la autoridad central la lucha contra los incendios. No pretendo restar importancia al drama ecológico, económico y humano que suponen los incendios forestales. Al contrario. Pero sí hay que subrayar dos cuestiones. La primera, que es posible mejorar en la prevención y la extinción del fuego; España lo viene haciendo desde hace treinta años y una mala temporada, como la que tenemos encima, debe si acaso ser acicate para trabajar con más ahínco. La segunda, que no vale con echarle la culpa simplemente al calentamiento global. Hay otros factores que sí podemos controlar. Si una contrata que debía reforestar el terreno acaba provocando, como ha ocurrido en Ateca, un terrible incendio, entonces, con cambio climático o sin cambio climático, es que algo no se ha hecho bien. Corrijamos errores.