Un encuentro en la Moncloa
La reconciliación que ayer escenificaron el presidente del Gobierno de la nación y el del Gobierno autonómico catalán permitirá seguramente a Pedro Sánchez seguir contando con los votos de ERC en el Congreso en los compromisos que debe superar para completar la legislatura.
Pero el precio a pagar será la reactivación de una ‘mesa de diálogo’ que, aunque pueda servir momentáneamente para apaciguar la tensión separatista, supone una inquietante anomalía institucional que socava los fundamentos de la Constitución.
Los votos de los diputados de ERC fueron necesarios para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, y su mandato ha seguido dependiendo en momentos decisivos de una fuerza política que participó en un intento de romper la unidad de España y que mantiene ese objetivo. Dejando atrás el desencuentro provocado por el caso Pegasus, que el Gobierno manejó de manera torpe y pusilánime, Sánchez recibió ayer al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Moncloa, para sellar una reconciliación que era necesaria para los dos. Sin embargo, desde el punto de vista de la fortaleza de las instituciones democráticas, la relación de dependencia del Gobierno de la nación respecto a los secesionistas supone una aberración y un peligro. Hay que subrayar que la ‘mesa de diálogo’ sobre el ‘conflicto catalán’, aceptada por Sánchez y que ahora va a volver a reunirse, carece de cualquier legitimidad para discutir el futuro de Cataluña, que es también el de toda España. Pedro Sánchez ya cedió al indultar a los políticos condenados por la intentona separatista de 2017. Ahora, resulta especialmente preocupante que Aragonès hable de ‘desjudicializar’ el conflicto, como si la intervención de los tribunales frente a los delitos contra el Estado fuera opcional. Son términos y pretensiones a los que el Gobierno de la nación no debería dar pábulo.
