La sobrecarga de tensión que se vivió en el Congreso durante la discusión de la Ley de Memoria Democrática muestra que el empeño de introducir la interpretación de la guerra civil y de la dictadura en el debate político actual es una mala idea, que solo sirve para dar alas a los diversos radicalismos y para erosionar los consensos básicos de la España democrática.

 Con esta y otras medidas que la Cámara Baja aprobó ayer, unidas a su discurso sobre el estado de la nación, Pedro Sánchez confirma su decisión de encarar el fin de la legislatura reforzando su alianza con fuerzas políticas contrarias a la Constitución.

La llamada Ley de Memoria Democrática contiene un caballo de Troya que servirá para poner en cuestión el propio proceso que fundamentó el más largo periodo democrático que ha tenido España. El Gobierno y el PSOE ponen así en bandeja a los enemigos de la Constitución una herramienta para impugnar la Transición a la democracia y para difundir una interpretación del pasado reciente que favorecería sus intereses y justificaría sus acciones. No es asumible que sean los herederos de ETA, con los que Sánchez ha pactado esta ley, quienes contribuyan a escribir la ‘memoria democrática’. El Congreso, por otra parte, dio ayer también el visto bueno a la reforma con la que el Gobierno intenta forzar la renovación del Tribunal Constitucional sin pasar previamente por la del Consejo General del Poder Judicial. Otra maniobra de manipulación de la Justicia que pone en evidencia tanto al PSOE como al PP, incapaces de pactar los cambios necesarios en unas instituciones fundamentales. Su discurso del martes y los apoyos que recibió ayer en diferentes votaciones marcan la intención del presidente del Gobierno de mantener y reforzar en el último año de legislatura las alianzas con la extrema izquierda y con los independentistas que le permitieron llegar a la Moncloa y lo mantienen en ella.