El decreto y la inflación

Da la impresión de que ha hecho falta la derrota electoral en Andalucía para que el Gobierno asumiese la urgencia de prorrogar y ampliar las medidas para hacer frente a una inflación que sigue desbocada.

 Lo aprobado ayer por el Consejo de Ministros extraordinario puede aliviar un poco la presión que sufren las familias más vulnerables, pero resulta muy dudoso que vaya a servir, como anunció el presidente, para frenar la escalada de los precios en tres puntos y medio.

Con un tono deliberadamente didáctico -tal vez imbuido de la idea de que el desgaste del Gobierno se debe a que no explica bien el acierto de sus políticas-, Pedro Sánchez presentó ayer el segundo paquete de medidas contra la inflación. El decreto llega cuando ya se ha consolidado una tendencia alcista de los precios que comenzó bastante antes de la invasión de Ucrania y que se ha agravado con la guerra, de manera que los españoles llevan meses soportando la presión. Algunas decisiones, como la rebaja del IVA de la electricidad, la subvención a los abonos de transporte o el cheque de 200 euros contribuirán a reducir esa presión para las familias más vulnerables, pero sus efectos pueden esfumarse si la inflación continúa rampante. Y no es probable que, a pesar del coste presupuestario que suponen, las medidas consigan frenar de manera significativa los precios. Sánchez adoptó un énfasis populista al hablar del poder de los grupos económicos y anunciar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, pero esa novedad fiscal no podrá entrar en vigor antes del año que viene. Y el presidente tiene por delante el reto de conseguir la convalidación parlamentaria del decreto, en un ambiente en el que sus socios y aliados venden cara su colaboración, y en el que el Gobierno parece dar por excluida cualquier iniciativa para negociar con el principal partido de la oposición.