La Comisión Europea ha llamado a Argel a «dar marcha atrás» en su «extremadamente preocupante» decisión de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España y le ha pedido revertir la situación, recordando que el comercio es entre Argelia y la UE.

 Bruselas, como ya ocurrió con la crisis migratoria de hace un año con Marruecos, ha tenido que reaccionar para respaldar a España. Es una prueba evidente de la inconsistencia en política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el estallido del caso Gali, que nunca debió ocurrir, el Ejecutivo arrastra una errática gestión de las relaciones con los dos vecinos norteafricanos. Es urgente que se recomponga el entendimiento con Argelia, el país del que España recibe una buena parte del gas que consume y cuya colaboración en materia de inmigración y lucha contra el terrorismo es tan necesaria como la de Marruecos.

La inesperada, controvertida y mal explicada decisión de la Moncloa de romper el delicado equilibrio que requieren las relaciones con Rabat y con Argel, aceptando las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental, puede salirle muy cara a España. Ahora hay que trabajar junto a Bruselas para lograr que se restablezca la normalidad con Argelia sin tener que pagar el gas a un precio mayor que el actual, en mitad de una espiral inflacionista y una guerra en Ucrania de la que no se ve el final a corto plazo.

La decisión adoptada por Argelia, aunque en principio no pone en riesgo el suministro energético, tendrá consecuencias en la actividad comercial. Además, llega en un momento de debilidad política del Gobierno de coalición PSOE-Podemos y cuando la diplomacia española está sufriendo una severa devaluación en su tradicional papel de interlocutor con el Magreb. Urge restaurar una política exterior coherente para el norte de África.