Pegasus: dudas y desconcierto
Una de las noticias que más atención ha merecido de políticos, medios y opinión pública son las escuchas de distintos dispositivos móviles conocidas en las últimas semanas.
Recordemos que se trata de dos casos distintos: por un lado, las escuchas realizadas a dirigentes políticos del movimiento independentista catalán; por otro, las escuchas padecidas por el presidente y otros miembros del Gobierno. En el primer supuesto, a su vez, habría que distinguir entre las realizadas por el CNI y que contaron con la correspondiente autorización judicial de otras de las que, de momento, no se sabe nada. Unos hechos que se deben completar recordando que el detonante de estas convulsas semanas fue la publicación de un reportaje en un periódico canadiense que desvelaba que móviles pertenecientes a políticos catalanes habían sido espiados con un programa denominado Pegasus.
Hasta aquí, los hechos. Para completar la relación de circunstancias necesarias para valorar lo sucedido, es preciso, siquiera sea de forma sucinta, relacionar los hechos constatados y las consecuencias derivadas hasta ahora de los mismos: 1.- El CNI solicitó y obtuvo autorización judicial para tener acceso a los móviles de 18 políticos catalanes; 2.- el Gobierno niega tener conocimiento alguno de la realización de esas escuchas; 3.- el origen del ‘espionaje’ de los móviles del Gobierno es desconocido, aunque las principales sospechas se dirigen a un país vecino; 4.- la responsabilidad de la seguridad de los móviles radicaba en el Ministerio de la Presidencia; 5.- la directora del CNI ha sido ‘sustituida’ por los fallos de seguridad que delatan lo sucedido con los móviles del Gobierno; 6.- en relación con este tema, la única acción emprendida es la interposición de una acción penal; 7.- la presidenta del Congreso de los Diputados modificó el ‘quorum’ necesario para constituir la Comisión de secretos oficiales, posibilitando la presencia de Bildu, Esquerra, CUP y Junts; 8.- el presidente del Gobierno ha anunciado una reforma del CNI y de la ley que regula los secretos oficiales.
Hasta aquí, una descripción sumaria de los hechos. Llegados a este punto, comienzan los interrogantes. En primer lugar, es preciso detenerse en el hecho de que los móviles del presidente y de varios ministros hayan sido hackeados. Las dudas sobre este particular son muy importantes y no han sido resueltas. Por supuesto, el suceso delata un grave fallo que exige una revisión completa de los protocolos de seguridad y la asunción de las correspondientes responsabilidades. Con todo, lo más sorprendente es que el suceso se haya hecho público. No es difícil deducir las consecuencias que para la credibilidad y fiabilidad de nuestro sistema institucional tiene el anuncio. Sería de esperar que los esfuerzos del Estado se centren en conocer quién ordenó el espionaje; con qué finalidad; y en cómo paliar los daños.
En segundo lugar, el análisis de lo sucedido en relación con los políticos catalanes también depara importantes interrogantes. El CNI ha demostrado que actuó conforme a la legalidad. Y esa legalidad implica que adujo razones que un juez del Tribunal Supremo consideró suficientes para autorizar que se limitase un derecho fundamental de varios ciudadanos. Por ello, sorprende que no haya habido una defensa más contundente de esa actuación. Como también es sorprendente (y preocupante) que el Gobierno desconociese unos hechos de gran trascendencia política. En la reacción oficial es posible observar un reconocimiento implícito de culpa y un desdén preocupante por la actuación tanto de una relevante institución del Estado como del propio Supremo.
Los dos episodios transmiten debilidad del Estado. De una doble naturaleza. Por un lado, institucional, al transmitirse escasa convicción en la defensa tanto frente a amenazas internas como externas. Por otra, tecnológica. La brecha de seguridad que refleja el espionaje sufrido por los miembros del Gobierno debiera servir, al menos, para reforzar al máximo los niveles de seguridad en comunicaciones.
