Inmigración: justicia y necesidad

El artículo 42 de la Constitución española proclama que España velará por los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. 

En 1978, el constituyente tuvo presente a todos los españoles que, partiendo al extranjero, habían contribuido y contribuían a construir un país mejor. Cuarenta años después, España es un Estado receptor de inmigración. Gracias a ello, nuestra población ha crecido significativamente en los últimos años. Hoy, si se reformase la Constitución, se tendría que dar respuesta constitucional a un fenómeno nuevo en nuestra historia. Pocos ejemplos hay más nítidos de la extraordinaria transformación que ha sufrido España en estos años.

La inmigración debe ser objeto preferente de la actuación de nuestros poderes públicos. Urge la construcción de una política de Estado que responda a las oportunidades y desafíos que representa. Una política que debiera estar edificada alrededor de las dos ideas básicas con las que he querido titular estas líneas: justicia y necesidad. Justicia por la exigencia ética de dar respuesta a las necesidades de quienes carecen de oportunidad de futuro por el simple hecho de no haber nacido donde nosotros. Necesidad porque el presente y el futuro de nuestro país será más complejo si no aceptamos la insuficiencia de nuestra demografía y la consiguiente obligación de abrir nuestras fronteras a quienes vienen dispuestos a construir aquí su futuro. Justicia por memoria, justicia por recuerdo a todos los españoles que a lo largo de la historia tuvieron que salir buscando su futuro en otras tierras. La hospitalidad y buena acogida a quienes hoy vienen a España es el mejor homenaje que les podemos prestar. Necesidad porque nuestro país, como todo el continente europeo, requiere de las dosis de vitalidad y energía que solo pueden aportar quienes tienen todo por hacer.

Cuando se escriben palabras semejantes, se suele reprochar que se ignoran los problemas ‘reales’, ‘concretos’. Delincuencia, espacios marginales, pérdida de empleo para los españoles… Por más que reflexiono sobre ello, no encuentro sustento a ninguna de estas objeciones. Algunas son fáciles de rebatir. Por ejemplo, difícilmente se puede alegar el trabajo cuando de forma mayoritaria el inmigrante de primera generación ocupa empleo que, sistemáticamente, los españoles rechazamos. Si se alega delincuencia, solo hay que ir a las estadísticas para rebatir el argumento. Más complejo resulta lo relacionado con el proceso de integración. Precisamente, es este tema el que debería ser eje de la política de Estado que se reclama en estas líneas. De entrada debe decirse que podemos estar satisfechos de cómo se ha realizado hasta ahora. El trabajo de las distintas administraciones públicas y agentes sociales ha permitido integrar con notable normalidad a un número elevado de inmigrantes, sobre todo si se piensa que se ha realizado en muy pocos años. Pero hay muchas cosas pendientes. Desde la justicia, desde la necesidad.

Por justicia hay que reparar desde situaciones generales de marginalidad a déficits concretos como, por ejemplo, el hecho de que jóvenes que llegaron a España con uno o dos años no puedan gozar de la nacionalidad española sin renunciar a la suya o la situación de esas personas que, después de años de estancia y trabajo, tienen serias dificultades para regularizar su situación. Hay que sentarse, escuchar y trabajar. El objetivo es claro: facilitar su completa integración en nuestra sociedad. Por necesidad. Para aquellos que entiendan que la política no solo se construye desde las ‘buenas palabras’, habrá que reiterar que hay que hacerlo para garantizar el futuro de nuestro país. No se puede negar la realidad. Sin un aporte constante de población inmigrante ni nuestro mercado laboral ni nuestro sistema de pensiones tienen futuro.

Por todo ello, es urgente que los poderes públicos construyan una ambiciosa y generosa política de inmigración.