Sánchez y Robles, espiados
La sorpresiva revelación por parte del Gobierno del espionaje con el programa Pegasus al presidente Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, convulsiona el escenario político y de los servicios secretos. Estos hechos son de una enorme gravedad sobre todo porque representan una brecha en la seguridad del Estado. Tienen también una relevante repercusión política porque le permiten al Ejecutivo mostrar, muy oportunamente, la diferencia entre espionajes legales y espionajes ilegales. Pretende desbaratar así la operación emprendida por los independentistas catalanes para colocarse, de nuevo, en el centro del debate político.
El descubrimiento del hackeo de los teléfonos de Sánchez y Robles llega pocos días después de que estallara el denominado ‘Catalangate’. En principio, se trata de dos asuntos diferentes. En el primer caso, se ha producido una brecha en la seguridad gravísima que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias por cuanto ha podido dejar al descubierto secretos de Estado. En el segundo, hay que acabar de probar que las escuchas a dirigentes independentistas fueron legalmente autorizadas. Sea como fuere, es imprescindible mejorar la inviolabilidad de las comunicaciones de los altos cargos y potenciar los controles judiciales de las escuchas.
Cuestión aparte es que el ataque a los móviles de Sánchez y Robles sea de casi hace un año y los ciudadanos nos enteremos ahora. El giro inesperado en el caso Pegasus genera más preguntas que certezas: ¿Quién espía al Ejecutivo? ¿Por qué se conoce ahora? ¿Qué datos se extrajeron? ¿Cómo el CNI no neutralizó un ataque con el que alguien se llevó gran cantidad de datos? Son demasiados interrogantes a los que es preciso dar respuesta cuanto antes, tanto desde el ámbito político como desde el judicial.
