Por Decreto

En ocasiones, he aludido a la erosión de nuestro sistema institucional. 

Tiene expresiones muy diversas, de intensidad variable. No hay una sola causa. Concurren circunstancias exógenas al sistema político y otras que son endógenas. Lo objetivo es que numerosas instituciones se han distorsionado. Se usan de forma inadecuada o, simplemente, con fines diferentes para los que han sido creadas. Desde el proceso de investidura a la renovación de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, la lista es larga. Demasiado. Tanto que se transcienden las categorías individuales para observar lesiones en el desenvolvimiento global del sistema. En estas líneas, quiero detenerme en un daño que considero estructural. Me refiero a la deriva de la forma de gobierno. Al tránsito desde un parlamentarismo racionalizado a un presidencialismo de hecho, que actúa sin los contrapesos que son típicos de esta forma de gobierno.

Nuestro sistema político siempre ha tenido un acusado sesgo presidencial. La acumulación de poderes relevantes en el presidente del Gobierno y el funcionamiento de los partidos provocaron que se considerase una constante de nuestro sistema el declive del poder del Parlamento en beneficio del Poder Ejecutivo y, en concreto, de su presidente. Suscitaba preocupación pero las rayas rojas permanecían sin cruzar. Unas rayas que en los últimos años han dejado de ser rojas para ser traspasadas con una normalidad que obliga a la denuncia por prevención. Me limitaré a dar cuenta de dos sucesos recientes que reflejan bien lo que quiero denunciar.

España ha cambiado su tradicional política con el Sáhara como consecuencia de una carta personal del presidente del Gobierno dirigida al rey de Marruecos. La dirección de la política exterior corresponde al Gobierno. Por ende, al menos, este tema debería haber sido objeto de deliberación en el Consejo de Ministros. Por otro lado, las Cortes Generales se habían expresado de forma reiterada sobre el asunto y, en última instancia, tienen la potestad para aprobar los tratados internacionales. Un cambio sustancial en uno de los asuntos más relevantes para la política exterior española parece que se ha adoptado unilateralmente por el presidente del Gobierno. Más allá del fondo de la decisión, el rol de Gobierno, Parlamento y hasta de la Jefatura del Estado queda cuestionado por la autoatribución de un poder extraordinario. Pocos días después, se elige un foro empresarial para presentar un relevante paquete de medidas económicas. Las medidas ni se anuncian ni se discuten en sede parlamentaria. Al Congreso se le presentan en forma de todo o nada, es decir bajo la fórmula del Decreto-ley. Uno más. En la actualidad, el número de Decretos-leyes aprobados casi duplica al de leyes. La ley se ha convertido en la norma extraordinaria. El Parlamento es sujeto pasivo de la potestad legislativa.

Cabría mencionar más ejemplos. Todos son expresión de la deriva mencionada al principio. El poder se concentra en el Gobierno y, en concreto, en el presidente, más allá de los parámetros establecidos en la Constitución. El Parlamento es sólo un obstáculo que hay que esquivar, ignorándolo en algunos de sus quehaceres fundamentales. No se trata de un prejuicio académico. La democracia es control. El poder está sujeto a límites y contrapesos. En el parlamentarismo se articulan de una manera; en el presidencialismo, de otra. España se acerca peligrosamente a un presidencialismo sin contrapesos. La teoría parlamentaria se deshace por la vía de los hechos. En mi opinión, la causa no es otra que haber aceptado con normalidad que se puede gobernar sin mayoría parlamentaria. Si es así, no queda sino gobernar contra el Parlamento. El resto lo pondrá la personalidad de los líderes. La democracia es cultura: costumbres y precedentes. El presente debe preocupar. Y no debe olvidarse que comportamientos como los descritos pueden acabar convirtiéndose en norma, con el riesgo objetivo que ello conlleva para la calidad de nuestra democracia.