La seguridad de los datos y de los sistemas informáticos que utilizan las administraciones, las empresas y los particulares viene siendo motivo de preocupación desde hace mucho tiempo.

Tanto la DGA como el Gobierno central han desarrollado por ello planes y medidas de prevención y protección. Pero es necesario seguir invirtiendo en este campo, pues la importancia de las actividades digitales no deja de crecer, lo mismo que las amenazas que se ciernen sobre ellas.

Rusia o algunas repúblicas exsoviéticas han estado en los últimos años en el origen de muchas acciones de ciberdelincuencia que han afectado a países occidentales. Y la invasión de Ucrania hacía temer que los ataques de este tipo -en el marco de lo que se ha denominado ‘guerra híbrida’- podrían multiplicarse. De momento en Aragón no se ha materializado ninguno, pero sí que se ha producido un aumento de las situaciones de alerta en los sistemas informáticos. Es lógico que la DGA refuerce sus dispositivos de ciberseguridad con nuevas inversiones, en coordinación con la Administración central, que también planea, dentro del programa de respuesta a la crisis de Ucrania, impulsar nuevas medidas de seguridad de las redes telemáticas con una dotación de 1.500 millones de euros en tres años. La digitalización avanza en la Administración y también en la actividad de empresas de todo tipo, de manera que la necesidad de proteger los datos y las redes es cada vez mayor. Y el rango de amenazas también crece, desde la delincuencia ocasional, pasando por el crimen organizado, a las actuaciones hostiles de otros Estados que pondrían en riesgo la seguridad nacional. La ciberseguridad es por lo tanto un factor fundamental que hay que continuar desarrollando; y en el que se requiere una estrecha colaboración entre los distintos niveles políticos y administrativos, contando también con empresas especializadas. La sociedad debe tener la capacidad de defenderse también en el ciberespacio.