Un pacto contra la inflación
La tasa anual del índice de precios de consumo (IPC) se ha situado en marzo en un histórico 9,8%, lo que representa el dato más alto desde mayo de 1985.
Los augurios se han cumplido y la guerra en Ucrania ha provocado un aumento espectacular de los precios batiendo todos los récords. El Gobierno ha aprobado un plan de choque, que ayer mismo fue publicado en el BOE, con el objetivo de que la inflación no continúe escalando. No obstante, la presión inflacionista es tan fuerte que parece conveniente pensar ya en nuevas medidas por si la invasión rusa se prolonga y, sobre todo, en firmar un pacto de rentas entre patronales y sindicatos para evitar una espiral precios-salarios. Lo que a finales del año pasado parecía un problema pasajero, se ha transformado en un auténtico agujero en el bolsillo de las familias, que sufren una merma de poder adquisitivo, y de las empresas, cuyos márgenes se estrechan.
La inflación empezó su senda ascendente en el verano de 2021, pero ha alcanzado cotas muy elevadas desde hace cuatro meses y se ha visto ahora aún más tensionada por el conflicto en Ucrania. La tasa interanual del IPC se ha incrementado 2,2 puntos en un solo mes, lo que supone la mayor subida en casi 45 años. Por mucho que España ni dependa en exceso del gas ruso ni tenga un intercambio comercial significativo con Moscú, el impacto de la guerra sobre la inflación está siendo muy elevado. Según el Gobierno, el 73% de esta alza se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados. La compleja situación actual exige de todos un compromiso, que bien podría tener la forma de un pacto de Estado. La crisis inflacionista acelerada por la guerra de Putin no puede suponer un freno en el proceso de transformación que habíamos identificado como prioritario para dejar atrás la crisis de la covid-19.
