Más de tres millones de ucranianos buscan refugio en Europa. 

Escapan de la ira de Vladímir Putin, que masacra a un pueblo que defiende su libertad y la nuestra; un sátrapa que encarcela en su país a quien entona el ‘no a la guerra’ y que juega con fuego tensando tanto la cuerda que un desliz, hasta involuntario, puede desencadenar una guerra mundial. La tercera. La que jamás hubiéramos imaginado.

Mientras el mundo occidental se solidariza con el pueblo ucraniano y desea el cese de esta cruel guerra, empieza a sufrir sus consecuencias. Vivir en un mundo globalizado tiene un precio y, como nos enseñó la covid, muy caro lo estamos pagando. La luz, el gas y los combustibles se disparan, la inflación se desboca, las materias primas escasean. La rapidez con la que llegan los cierres de empresas y las protestas contrasta con una lenta burocracia hasta en tiempos de guerra; en una crisis por Ucrania que se superpone a la de la covid, pero con más consecuencias. Porque esta vez afecta al campo, al transporte, y elevará el precio de la cesta de la compra hasta límites insospechados.

Los políticos prometen que rebajarán los impuestos de la luz, el gas y el carburante, pero sin detallar ni cuándo ni cómo van a hacerlo. Dilatan la revisión de fondos de la UE que, en algunos casos, financiarán actuaciones más propias de aquel Plan E de mucho cartel y poca sustancia, para desviarlos a ayudar a las empresas y a las familias que peor lo están pasando. Alejados de la calle, planeando compensar a base de subsidios la falta de una gestión rápida y eficaz en estos tiempos de guerra.