Las espadas siguen el alto en el PP. Díaz Ayuso admite que su hermano cobró 55.850 euros por conseguir mascarillas en China para surtir a una empresa que había firmado un contrato con la Comunidad de Madrid. Según ella, todo es legal porque esa cantidad fue una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Casado niega el espionaje y le reprocha que quiere tapar un posible «tráfico de influencias». Son ambas acusaciones muy graves que deben ser demostradas con pruebas. En el PP, como en toda la política española, no cabe ningún tipo de tolerancia con la corrupción. Respecto a la crisis política, corresponde al presidente del partido encontrar cuanto antes una salida. Núñez Feijóo ha avisado de que, si no se frena esta deriva autodestructiva, la alternativa es un congreso extraordinario que dirima el liderazgo del PP. 

Siguen en el Partido Popular cruzándose reproches a costa de dos graves acusaciones: un posible caso de corrupción en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid y un posible chantaje interno a esta mujer, que hoy es el cargo del PP con más tirón electoral. El paso del tiempo sólo está sirviendo para ensanchar el abismo que separa a los protagonistas de esta guerra interna y para minar la confianza de los electores en uno de los dos grandes partidos sobre los que ha pivotado la democracia española desde la Transición. El enconamiento entre Díaz Ayuso y Casado ha llegado a tal punto que parece difícil que tenga marcha atrás, pero es imprescindible aclarar los hechos cuanto antes y evitar que el partido se eternice en una espiral de acusaciones, amenazas, filtraciones, rumores y maniobras en la sombra. Si la actual dirección nacional es incapaz de embridar el conflicto, alguien en el partido tiene que dar un paso adelante para empezar a organizar una solución.