El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta unos 1.000 euros. No obstante, desde el equipo de Yolanda Díaz se insiste en que no hay todavía ninguna cifra concreta y que prefieren escuchar la postura de los sindicatos y las patronales. Efectivamente, es necesario hablar, negociar y pactar. Este es el camino que hay que seguir, como CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras, UGT y el Gobierno han hecho con la reforma laboral. La anterior subida del SMI, en septiembre, no contó con el respaldo del empresariado. Ahora se debe reclamar un acuerdo en el marco del diálogo social porque sindicatos, patronales y Ejecutivo deben ir de la mano. Siempre que lo han hecho ha sido positivo para el país.

Tanto Trabajo como los sindicatos creen necesario subir el salario mínimo. Consideran que, ante el incremento de la inflación, es la mejor alternativa para mejorar las rentas de los colectivos laborales más vulnerables. Además, estiman que la medida aumentaría la equidad social y reforzaría la recuperación económica por la vía de un mayor consumo. Sin embargo, la patronal argumenta que no es el momento de tocar los salarios, ya que las empresas pequeñas y los negocios de los autónomos atraviesan una situación muy delicada como consecuencia del incremento general de costes.

Lo cierto es que no hay acuerdo, ni siquiera entre los economistas, sobre las consecuencias de esta medida. La evidencia muestra que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores. A cambio, los estudios acerca del efecto sobre el empleo son dispares. Por ejemplo, un informe del Banco de España demostró que tras la subida de 2019 hubo un menor crecimiento del empleo en el colectivo con menores sueldos. No conviene, pues, precipitarse ni atender a postulados ideológicos.