La consejera Sira Repollés ha pedido disculpas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por sus declaraciones en la entrevista publicada ayer en HERALDO, en las que afirma que «hay motivos ideológicos en las decisiones de los jueces». Se trata de una desafortunada opinión, que, aunque hay que enmarcarlas en un contexto de gran tensión en la Consejería de Sanidad por la presión de la pandemia, es inaceptable. Socava la imprescindible separación de poderes del Estado, la lealtad entre las instituciones y el respeto al papel constitucional de la judicatura. Hay que valorar el gesto de Repollés de disculparse. No obstante, la consejera merece una severa amonestación porque sus palabras erosionan la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. 

El comentario de Repollés ha generado un gran revuelo político. El PP ha exigido su dimisión, Ciudadanos ha solicitado su reprobación en las Cortes, mientras que el PSOE ha reiterado su respeto a la Justicia y ha apoyado la labor de la consejera. En una reacción ajustada a los principios constitucionales, el presidente del TSJA, Manuel Bellido, ha calificado de «graves» las declaraciones y ha insistido en que «los jueces no resuelven por criterios políticos o ideológicos, sino estrictamente jurídicos y de legalidad».

La acusación de Repollés, a pesar de las disculpas, potencia la imagen de enfrentamiento entre el Poder Judicial y la DGA que se viene alimentando desde el inicio de la pandemia por la falta de claridad normativa. Ambas partes tienen que cooperar para mejorar el entendimiento. Sea como fuere, está claro que debe prevalecer el principio de legalidad, como instrumento y también como límite a la actividad de la Administración, porque es la manifestación más completa de un Estado de derecho, de la separación de poderes y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.