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OPINIÓNACTUALIZADA 26/12/2021 A LAS 09:42
Imagen de archivo de una camarera trabaja tras una barra de bar precintada.
Protocolos.
Marcial Guillén. EFE

No se termina de acertar con el punto de equilibrio entre salud y economía. Los actuales protocolos no están permitiendo frenar la expansión de la pandemia. Autorizar que un contacto estrecho vacunado y sin síntomas continúe con su vida normal sin guardar cuarentena se ha convertido en un factor añadido de riesgo. La vacuna confirma que, en la mayor parte de los casos, la enfermedad se puede superar con síntomas leves, pero no frena los contagios. El deseo de normalidad, la apuesta por recuperar la actividad económica con el menor número de bajas laborales, sin ertes ni complicaciones añadidas en los ritmos productivos, no se ha visto satisfecho. La covid sigue con fuerza entre nosotros y los casos se multiplican mientras aumenta la presión asistencial, porque no todos los infectados responden de forma idéntica frente al virus.

La Conferencia de Presidentes del miércoles no aportó una guía clara y efectiva para hacer frente a la nueva oleada de la pandemia.

Mientras tanto, la estrategia propuesta desde el Gobierno central para abordar esta nueva ola pandémica se resume en la insistencia de dejar a las comunidades sin una compartida protección legal. La responsabilidad de la implantación de las medidas de restricción más efectivas continuará descansando en las autonomías. La mascarilla obligatoria en exteriores y el fortalecimiento del calendario de vacunación se muestran claramente insuficientes para frenar la aparición de nuevos casos. El pasaporte covid, una fórmula válida para incentivar la vacunación, no es sinónimo de plena seguridad, por lo que no queda más remedio que aplicar límites a la movilidad y los aforos. Faltan dinero y ayudas y, especialmente, una gestión eficiente y rápida que permita a los afectados adaptarse a las nuevas restricciones sin verse obligados a bajar definitivamente la persiana. Porque lo que resulta inadmisible es que se pierda o no se aproveche todo el dinero que llega. Que 75 de los 141 millones de euros asignados a Aragón en ayudas estatales se queden sin repartir advierte de un grave problema. Bien por la dificultad en el acceso por las restrictivas condiciones fijadas por Madrid, como argumenta la DGA, o bien por la incapacidad gestora, tal y como señala el PP, la evidencia para los posibles beneficiarios resulta dramática.

Con más casos, aunque más leves, pero con la imagen muy presente de las medidas que ya está adoptando media Europa, resurgen las dudas sobre el músculo de la recuperación. La economía se contagia del miedo y la pelea del día a día no hace sino generar un nuevo agotamiento en aquellos sectores de la actividad que se esfuerzan por sobrevivir. Sin estrategias nuevas, sin haber advertido con la suficiente antelación lo que se presuponía podía volver a ocurrir por séptima vez, resulta muy difícil reclamar un nuevo esfuerzo.

El Gobierno central sigue negándose a proporcionar un marco legal que dé seguridad jurídica a las medidas necesarias.

La Conferencia de Presidentes ha sido una cita más estética que práctica y las comunidades se han visto obligadas a organizarse por su cuenta. En Aragón, las medidas que ha decidido el Ejecutivo se han coordinado directamente desde el Pignatelli a golpe de teléfono con las autonomías limítrofes. Pese a que la lógica dictaba que la reunión de los presidentes debería haber definido una batería de actuaciones consensuadas, volvemos a la gestión individualizada de una pandemia que no respeta los límites fronterizos. Nos mantenemos en protocolos que se entendían superados, siendo incapaces de lanzar un pronóstico de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Convivimos en una falsa normalidad carente de perspectiva que tendría que obligar a una política nacional mucho más ágil y anticipada. El año se despide muy lejos de cómo lo imaginamos.

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