Guardar y hacer guardar la Constitución
Cuando los ministros toman posesión, juran o prometen «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».
Un preámbulo, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias y una final consagraron hace 43 años el paso de una dictadura a una democracia. España es desde esa fecha «un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Esos valores nos han dado más de cuatro décadas de estabilidad y progreso. Acostumbrados a vivir en democracia, no deberíamos dejar que se imponga la voz de quienes señalan las deficiencias del sistema sobre sus imbatibles ventajas. Ni restar importancia al desprecio que algunos políticos exhiben cada 6 de diciembre hacia un texto básico para la convivencia democrática.
La ausencia de los presidentes de Cataluña y el País Vasco, representantes del Estado en dos comunidades que gozan de una amplísima autonomía gracias a la Constitución, es un desplante gratuito de quienes obtienen un más que generoso trato en los Presupuestos del Estado. Que además reclamen gestos de empatía al conjunto de los españoles mientras incumplen las normas básicas de cortesía institucional llega a ser delirante. Hay aspectos a la espera de ser revisados en la Constitución, pero no se dan las condiciones para ello. Máxime cuando el Gobierno tiene pendiente hacerla cumplir, por ejemplo, en un asunto tan constitucional como el derecho incumplido a una enseñanza mínima en Cataluña.
