Confusión jurídica
La DGA se prepara para utilizar el pasaporte covid como herramienta para frenar el aumento de casos en la Comunidad, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón cree que el procedimiento legal puede ser inconstitucional. El TSJA no entra a valorar la conveniencia de utilizar dicho certificado, pero las dudas legítimas que señala ilustran la inseguridad jurídica que ha generado la inacción del Gobierno central y del poder legislativo, que han dejado todo en manos de las autonomías. Después de veinte meses de coronavirus debe estar muy claro que pandemias como esta requieren una respuesta uniforme y coordinada. La situación que se está viviendo con el uso del pasaporte es la prueba de que confiar su gestión a distintos poderes con criterios diversos, a diferencia de lo que se hizo en una primera fase, no es una buena idea.
La intención del Pignatelli es que se pueda usar el pasaporte covid de manera inminente para el ocio nocturno, las celebraciones y los grandes eventos, a pesar de las dudas del TSJA. Lo cierto es que en plena sexta ola, séptima ya en Aragón, llama la atención la desconcertante disparidad de criterios judiciales que existe entre comunidades. Precisamente ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó que se pueda exigir el certificado, como solicitaba el Gobierno de Vitoria. Por contra, ya está en vigor en Baleares, Cataluña y Galicia.
El Gobierno central debió habilitar una fórmula común para todas las autonomías, como reclamó Javier Lambán. La consecuencia de no haberlo hecho y de haber traspasado a las comunidades esta responsabilidad hace que cada una de ellas intente lograr aval legal por su cuenta. El resultado de esta maraña es que la falta de un marco normativo bien aquilatado deja la lucha contra la enfermedad sometida a una censurable inseguridad jurídica.
