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Sánchez, el recentralizador

Por
  • Ángel Garcés Sanagustín
OPINIÓNACTUALIZADA 22/11/2021 A LAS 05:00
Foto de archivo de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz en el Congreso
Foto de archivo de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz en el Congreso
Efe

La política española es un permanente trampantojo, expresión que se acuñó mucho antes del impertinente éxito televisivo de Kiko Rivera. 

Se acusa al inefable Pedro Sánchez, con cierto fundamento y mucha exageración, de romper España o, al menos, de intentarlo por sus pactos con la grey nacionalista o por ocurrencias como la de descentralizar alguna oficina de las concentradas en Madrid.

Mas, como voy a demostrar, Sánchez recentraliza por doquier, entre otras cosas, por exigencias de sus socios de coalición. Voy a poner dos ejemplos significativos. Hace unas semanas dijo, con la grandilocuencia que le caracteriza, que su Gobierno iba a aprobar la primera ley sobre vivienda de la democracia. Pues bien, podría llenar las páginas de opinión de este periódico y su suplemento dominical enumerando las normas sobre urbanismo y vivienda que se han publicado en nuestro país, ya que son competencia autonómica desde la aprobación de los primeros Estatutos. Es lógico que el urbanismo y la vivienda sean competencia exclusiva de las Comunidades autónomas porque no son idénticos los problemas que se dan en la ‘vaciada’ Castilla y León o en la ‘llenada’ Madrid. Por tanto, cualquier ley al respecto violentará, en principio, el ámbito competencial autonómico y supondrá un regreso a las leyes ‘falangistas’ de los años cincuenta.

Pero hay un tema que me preocupa más, la otrora llamada asistencia social, que aborda el conjunto de políticas sociales, ajenas a la Seguridad Social, destinadas a ayudar a los más vulnerables de la sociedad, que no siempre coinciden con los realmente vulnerados. Como consecuencia de estas políticas, Aragón cuenta, desde los años ochenta, con un abigarrado sistema de servicios sociales de ámbito autonómico y local. En los años noventa, se aprobó la regulación del llamado ‘Ingreso Aragonés de Inserción’, cuyo objetivo primordial era lograr la plena integración social y laboral de sus beneficiarios. Obviamente, estamos ante una competencia que ha de ser autonómica, porque las necesidades de una anciana del Matarraña nada tienen que ver con las de una familia de Vallecas.

El presidente del Gobierno pacta peligrosamente con los separatistas, pero al mismo tiempo, por exigencia de sus socios de coalición, aprueba normas que invaden
las competencias de las comunidades autónomas

Pues bien, al inicio de la pandemia, con ánimo y tono manumisor, Pablo Iglesias nos anunció que su Vicepresidencia iba a impulsar el ‘Ingreso Mínimo Vital’, como si hasta entonces no hubiera existido nada comparable. Su aprobación ha producido el correspondiente caos. Llega a menos gente y la aportación se ha reducido en muchos casos. En septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional se ha descolgado con una sentencia que valida la actuación del Estado considerando que dicho Ingreso encaja "dentro de la competencia estatal sobre legislación básica en materia de Seguridad Social".

¿Es competencia estatal lo que siempre había sido desarrollado por las Comunidades autónomas como competencia exclusiva? Entiendo que es más fácil declarar la inconstitucionalidad de impuestos y exacciones que de prestaciones sociales que ya se están cobrando, pero tras la resolución judicial subyace también un tufillo de populismo. Por cierto, ¿no habíamos quedado en que la Seguridad Social es insostenible si no se reduce a su tradicional ámbito de las prestaciones vinculadas al mundo laboral?

Allá por la Cincomarzada de 1989 comí en Madrid, en un restaurante de la calle de Capitán Haya, con dos asesores de la ministra Matilde Fernández. Me ofrecieron que elaborara una ‘ley de bases sobre servicios sociales’. Rechacé la oferta porque entendía que el Estado no podía dictar una ley básica de esas características. Era yo, entonces, un mozalbete creyente del Derecho. Hoy, quizás, les hubiera redactado un ‘borrador de proyecto de ley orgánica y de armonización de los servicios sociales’.

No, no lo haría, porque sigo siendo gilipollas. Al contrario que nuestro presidente del Gobierno, que pacta con los separatistas mientras recentraliza competencias. Se podrá aducir que es consecuencia de su falta de proyecto político. Pero obedece a un afán imperturbable: mantenerse en el poder a cualquier precio.

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