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Para frenar al virus

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  • EDITORIAL
OPINIÓNACTUALIZADA 20/11/2021 A LAS 05:00
La consejera aragonesa de Sanidad, Sira Repollés.
La consejera aragonesa de Sanidad, Sira Repollés.
Oliver Duch

El Gobierno de Aragón no considera necesario, por ahora, modificar, salvo algún retoque, las normas de aforos y horarios, pero apuesta de nuevo por el pasaporte covid para frenar la séptima ola de la pandemia. 

Su implantación dependerá de que reciba o no el visto bueno judicial, pero hay otras medidas que podrían tomarse ya, que serían útiles y que no requieren la aprobación del Tribunal Superior, como el refuerzo de la Atención Primaria y de los equipos de rastreo, y un mayor esfuerzo para convencer a los reacios a la vacunación.

A medida que crecen los casos de covid y la presión sanitaria, algunas comunidades intentan implantar el pasaporte covid para poner freno a la propagación del virus y presionar a quienes no han acudido a vacunarse. Pero para que el pasaporte covid pudiera aplicarse y no quedara al albur de las decisiones de cada tribunal, sería necesario que el Gobierno central realizase una regulación común que encajase en el marco legal y constitucional. A falta de eso, es probable que la DGA vuelva a encontrarse con la negativa del Tribunal Superior de Justicia. Y lo cierto es que la situación en España y en Aragón, sin ser tan grave como la que se vive en otros países de Europa, resulta ya preocupante, sobre todo de cara a las celebraciones navideñas. La consejera de Sanidad y su equipo insistieron ayer en la eficacia de las vacunas, y muchos expertos esperan que las consecuencias de esta ola sean mucho menos dramáticas que en las anteriores, pero la pandemia tiene un elemento imprevisible que obliga a actuar preventivamente. Sería bueno, por ello, que pudieran reforzarse los servicios sanitarios que más pueden contribuir a parar este nuevo golpe del virus, como la Atención Primaria y, especialmente, los equipos de rastreadores, con las contrataciones que fuesen necesarias. Esas medidas no necesitan esperar ni al permiso de los tribunales ni a la coordinación del Gobierno central.

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