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El agujero de la plusvalía

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  • EDITORIAL
Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 01/11/2021 A LAS 05:00
Las compra-ventas de inmuebles de segunda mano están gravadas con el impuesto de plusvalías.
Las compra-ventas de inmuebles de segunda mano están gravadas con el impuesto de plusvalías.
Alberto Ortega / Europa Press

El Gobierno de la nación y el Congreso de los Diputados deben actuar con rapidez para llenar el vacío jurídico y el agujero económico que se han abierto en los presupuestos municipales con la anulación del impuesto de plusvalías.

 La financiación local, siempre precaria por falta de mecanismos adecuados, entra con este golpe en una situación que en muchas ciudades -incluyendo las tres capitales y otras poblaciones aragonesas- es insostenible. Y lo que está en juego son los servicios básicos que reciben los ciudadanos.

La sentencia del Tribuna Constitucional que ha anulado el método de cálculo del ‘impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana’, conocido como de ‘plusvalías’, crea un problema muy grave para las Haciendas locales, sobre todo en las grandes ciudades. Pero no puede decirse que sea una sorpresa. Anteriores sentencias ya apuntaban en esa dirección. Y al menos desde la crisis de 2008 era evidente que ese impuesto resultaba en ocasiones injusto y abusivo para el contribuyente. El Gobierno y el legislativo deberían haber actuado mucho antes para corregir esa situación garantizando a la vez los ingresos que precisan los ayuntamientos. En el conjunto de España las finanzas municipales pueden sufrir una merma de hasta 2.500 millones de euros, que afectaría también a los ayuntamientos de las tres capitales aragonesas y de otras poblaciones de la Comunidad, especialmente al de Zaragoza, dando lugar a inseguridad jurídica y a una precariedad financiera insostenible. Es urgente, por lo tanto, que el Gobierno tome las medidas legales necesarias para, salvaguardando los derechos del contribuyente, llenar cuanto antes ese vacío legal y compensar a los municipios por las posibles pérdidas. Si no se actúa con rapidez, está en peligro la capacidad de prestar a los ciudadanos servicios que son indispensables.

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