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Estado de alarma inconstitucional

Por
  • Editorial
OPINIÓNACTUALIZADA 28/10/2021 A LAS 05:00
Control policial en Zaragoza durante los primeros días del estado de alarma.
Control policial en Zaragoza durante los primeros días del estado de alarma.
Guillermo Mestre

El TC ha emitido el tercer fallo contra la estrategia jurídica puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria. El Alto Tribunal ha declarado inconstitucional, por seis votos frente a cuatro, el decreto por el que se acordó el segundo estado de alarma, que estuvo vigente entre noviembre de 2020 y mayo de 2021. Las anteriores sentencias se referían al primer estado de alarma y al parón del Congreso durante el inicio de la pandemia. Además, el tribunal también declara inconstitucional la delegación del poder central a las autonomías, lo que les ha permitido limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. La sentencia, aunque resulta polémica, debe ser respetada y acatada porque el control de constitucionalidad es parte esencial del sistema democrático

Los puntos conflictivos han sido la falta de control parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cogobernanza permitida para que las comunidades autónomas pudieran decretar los toques de queda y demás limitaciones para frenar la pandemia. La argumentación jurídica que sigue esta sentencia es similar a la del último pronunciamiento del Constitucional sobre los instrumentos legales empleados para hacer frente a la emergencia sanitaria, en el sentido de considerar que el Ejecutivo pretendió eludir un control eficaz del Parlamento. En el caso del fallo anterior, el tribunal estimó contraria a la Constitución la reducción de actividad de las Cámaras durante los primeros días de la pandemia, mientras la sentencia aprobada este miércoles considera que la vigilancia de las Cortes sobre la labor del Gobierno es aún más necesaria en situaciones críticas o de dificultad, como una alerta sanitaria. Los poderes ejecutivo y legislativo del Estado deben tomar nota de que su actuación, por bienintencionada que fuera ante la emergencia sanitaria, no se ajustó a la ley. 

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