Desde hace meses, se discute sobre la renovación de algunos órganos constitucionales, muy en particular, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (CGPJ y TC). 

En los últimos días, lo que parecía imposible ha comenzado a ser realidad. Hay indicios razonables de acuerdo sobre la renovación de los numerosos órganos con mandato caducado, a excepción del CGPJ. Como se sabe, en todos los casos se ha sobrepasado ampliamente el plazo fijado para su renovación. Hasta el anuncio de esta semana, las acusaciones han sido fuego cruzado entre Gobierno y oposición. Solo haré un comentario al respecto. Sería bueno que los partidos actuasen de la misma forma cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición. Los ciudadanos lo agradeceríamos. Me podría extender en los problemas y disfunciones que causa este retraso, en las incoherencias mutuas. Pero lo que quiero destacar en estas líneas es la perversión que a mi juicio subyace a este debate y que se extiende también a otros importantes órganos del Estado sometidos a las viejas reglas del caciquismo tradicional.

Un viejo e inalterado defecto de nuestro sistema político es la tentación de los partidos de traducir sus coyunturales mayorías en un control absoluto de todos los órganos del Estado, cuando no del mayor número posible de entidades sociales. De esta forma, se acaba produciendo un peligroso equívoco. Para los partidos no es suficiente dirigir su hábitat natural. También persiguen controlar instituciones que les deberían ser ajenas. En pocos países un cambio de gobierno puede llegar a producir un relevo tan elevado de cargos como en España. Desde subdirecciones generales a la presidencia de entidades teóricamente ajenas al gobierno cotidiano (Centro de Investigaciones Sociológicas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Universidad Menéndez Pelayo, Comisión Nacional de la Energía…), cambian no solo de titular, sino de equipo directivo. Cambia el signo del gobierno y la frase de "ahora nos toca a nosotros" comienza a escucharse como un susurro contagioso. No ha habido ciclo electoral que se haya sustraído a esta dinámica. No solo se persigue controlar. Hay que contentar a los afines.

Por su relevancia para el funcionamiento del Estado, TC y CGPJ son la cara más visible de esta problemática. Son dos realidades diferentes y necesitan una evaluación singularizada. De forma muy sintética, se puede decir que el reflejo de las mayorías parlamentarias es más coherente con las dinámicas de un sistema democrático en el caso del TC que en el del CGPJ. Pero más allá de importantes matices, lo relevante es que los partidos olvidan el significado y función que para el Estado tienen estos órganos. Lo olvidan porque no los entienden como instrumentos necesarios del Estado sino al servicio de su vocación de poder. Esa lucha por el poder político es lo que explica la situación de estos órganos y lo que la hace tan preocupante. Nadie se interesa por su mejor cumplimento de funciones sino por los beneficios que les puedan reportar.

Después de décadas de erosión permanente, es muy difícil que el sistema se regenere espontáneamente, es decir, que los partidos regresen al terreno virtuoso de elegir personas que si bien pueden tener afinidades ideológicas, ejercerán sus funciones sin otra presión que la propia responsabilidad del cargo. El mero anuncio de un acuerdo de renovación no significa nada. Lo importante es la materialización de ese acuerdo, su concreción en la elección de personas que con independencia de su natural adscripción ideológica aseguren por su trayectoria y prestigio no solo la independencia sino la legitimidad de los correspondientes órganos. Para alcanzar este objetivo, determinadas reformas legales podrían ser de ayuda. Pero no cabe llamarse a engaño. La recuperación de la plenitud de estas instituciones solo tendrá lugar si se transforma la cultura política, si los partidos asumen el objetivo de garantizar la continuidad de determinadas instituciones por encima de la voluntad de poder. Si se regresa a una cultura de la excelencia que prime profesionalidad y ejemplaridad.

Hasta que llegue ese día, solo cabe insistir en denunciar los riesgos de un Estado en el que instituciones tan relevantes como las mencionadas pierden cada día un poco de credibilidad.