A principios del año 1978, la elaboración del texto constitucional estaba encallada. 

Había muchos desacuerdos entre los siete ponentes: tres en representación de UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca), uno por el PSOE (Gregorio Peces-Barba), otro por Alianza Popular (Manuel Fraga), el comunista Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca, en representación tanto de los nacionalistas vascos como de los catalanes. Los centristas de UCD y la derecha de Fraga pretendían una orientación conservadora con la que socialistas y comunistas no estaban dispuestos a transigir.

En ese momento, Adolfo Suárez ve peligrar el espíritu de consenso con el que había nacido el proyecto y encarga a Fernando Abril Martorell (UCD), vicepresidente del Gobierno, salvarlo negociando mano a mano con la otra gran fuerza política, el PSOE. Suárez, firme partidario de una Carta Magna de consenso, aparta a los democristianos que lideraban el proceso constituyente. Abril Martorell y Alfonso Guerra se reúnen varias noches hasta la madrugada para deshacer los entuertos y pactar un texto. Fueron los Pactos del Mantel.

Con una buena mezcla de nobleza y miedo, los constituyentes fueron capaces de llegar a acuerdos para no volver a las andadas cuando las diferencias entre izquierda y derecha eran abismales. ¿Por qué son ahora tan imposibles los acuerdos de Estado si las diferencias son mucho menores que antes? La polarización ha vuelto a ser palpable esta misma semana a causa, esta vez, de la Ley de la Vivienda. Antes lo fue con la Ley de Educación o con la de Memoria Histórica.

El artículo 47 de la Constitución establece: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". La profesora Eva Sáenz Royo señala en su ‘Manual de Derecho Constitucional’ (Prensas de la Universidad de Zaragoza) que la izquierda aceptó en 1978 el derecho de propiedad (artículo 33) a cambio del reconocimiento de la iniciativa del Estado en la esfera económica. Por ello, los ‘padres’ constitucionales aún fueron más allá al establecer que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Este derecho constitucional a la vivienda, sin embargo, es uno de los que menor desarrollo, ejecución y aplicación ha tenido en España. Por eso debía ser desarrollado legislativamente y también porque los jóvenes, con altas dosis de desempleo y de bajos salarios, tienen muchas dificultades para emanciparse e iniciar un proyecto de vida independiente.

La obligación constitucional y la presión social no han conseguido que los grandes partidos que pactaron la Carta Magna hace 43 años se pongan de acuerdo ahora en pactar leyes fundamentales como esta. No sienten que tengan alicientes para ello porque consideran que la polarización les beneficia electoralmente. Durante la Transición hubo miedo a que volviese la dictadura. Ahora, los líderes tienen miedo sobre todo a que nuevos líderes de su propia formación o de otros partidos les desplacen y queden fuera de juego. De este modo, crece la confrontación que sacude desde hace años la política nacional.

Nunca ha sido la política española un remanso de paz. Menos aún durante los años de la Transición. Pero los que pergeñaron los Pactos de la Moncloa (1977) y los Pactos del Mantel (1978) entendieron lo mucho que se estaban jugando. Parece que no exista ahora esa sensación entre la clase dirigente. Quieren ignorar que la toxicidad política actual alimenta la desafección de los ciudadanos. Se sienten cómodos en sus respectivas trincheras acusándose mutuamente de ser una izquierda bolivariana, que ha creado un gobierno radical e ilegítimo, o una derecha montaraz y neofascista heredera del franquismo. No quieren entender que su polarización pudre peligrosamente la confianza social.

El pionero de la teoría militar moderna, Clausewitz, estableció que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nuestros dirigentes no deben caer en el error de convertir ‘su’ guerra en el medio habitual de hacer política.