El pasado día 1 se cumplieron cuatro años desde la celebración del desgraciado referéndum por la independencia en Cataluña. 

Por esos meses, la palabra Cataluña era recurrente en las conversaciones cotidianas. Conversaciones amargas y teñidas de una profunda preocupación. Aparentemente, las cosas han cambiado. El 1 de octubre transcurrió en Cataluña con casi absoluta normalidad. Una cansada declaración oficial reiterando que se volverá a votar y unos cientos de radicales quemando contenedores. En el resto de España, olvido e indiferencia. Es evidente que la situación ha cambiado. Pero sería absurdo, y un grave error, entender que la crisis ha sido superada, que la pulsión independentista es ya cosa del pasado. Aun minoritaria, la porción de la población catalana que la sigue defendiendo es notable. Y los partidos que la representan siguen quebrando reglas esenciales de la convivencia democrática en favor de su causa. Si se ha llegado a un aniversario tan sustancialmente tranquilo es porque a pesar de los ingentes esfuerzos desplegados, el independentismo no ha logrado doblar el brazo de la mayoría. Todas las encuestas reiteran que la mayoría de los catalanes no optan por la independencia y que, incluso, el apoyo a la misma desciende. A ello han contribuido los múltiples errores que han cometido los partidos independentistas. Pero es peor que arriesgado confiar en que esos errores seguirán cometiéndose hasta acabar por conducir al olvido definitivo al denominado ‘procés’. Construir una estrategia que incluya una alternativa compartida es necesidad y obligación.

El Gobierno de España afirma que tiene esa estrategia y que la ha puesto en marcha. Los indultos y la mesa de diálogo que debe finalizar en un acuerdo votado por los catalanes (dentro de la Constitución) sería su esencia. Objetivamente, es poco. No se conoce cuál puede ser el objeto de esa negociación. Si se mira al PP, no se observa un proyecto que merezca tal nombre para encauzar definitivamente la crisis catalana. En todo caso, de momento, sólo queda reparar en la hoja de ruta formulada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Es un camino adecuado para lograr la finalidad perseguida? En mi opinión, como siempre, la respuesta necesita del matiz. Como sobre los indultos tuve ocasión de pronunciarme, centraré esta reflexión en dos cuestiones que considero fundamentales: el acuerdo entre catalanes y el margen del que dispone el Gobierno para profundizar en la autonomía. El actual Gobierno de Cataluña tiene toda la legitimidad para gobernar el día a día de los catalanes. Pero no la tiene para arrogarse su voz en relación con una cuestión tan transcendental como es la independencia. Ni siquiera para ofrecerse como intérprete de su voluntad ante una posible reforma del Estatuto. La posición de Cataluña ante el autogobierno sólo puede surgir de los acuerdos parlamentarios exigidos por el vigente Estatuto. El Gobierno de España no puede permitir que se ignore a más de la mitad de los catalanes. Por otra parte, es preciso ser realista. El margen para profundizar en el autogobierno es escaso. Apenas, la corrección de determinadas competencias básicas del Estado. Desde otra perspectiva, todo lo que se haga en financiación e infraestructuras sin tener en consideración al conjunto del Estado será, necesariamente, agravio y perjuicio objetivo para otras comunidades. Sin olvidar que, dado el elevado nivel de descentralización alcanzado y la forma de negociación política consagrada, avanzar en este terreno acerca a fórmulas que recuerdan peligrosamente a la confederación.

Cualquier reflexión sobre Cataluña debe acabar con una llamada a la necesidad de recuperación del diálogo entre los catalanes de distintas adscripciones y entre Cataluña y el resto de España. Un diálogo que debe articularse de acuerdo con las reglas esenciales de un sistema democrático: igualdad, deliberación y transparencia. No es una tarea sencilla, fundamentalmente porque nada indica que el nacionalismo catalán quiera dar pasos en este sentido. Por ello, es más preciso que nunca recordar la necesidad de escuchar a todos los catalanes y la definición por los partidos nacionales de un proyecto de Estado atractivo para los catalanes y respetuoso con todos los españoles.