El apagón digital que el pasado lunes dejó sin importantes redes sociales a buena parte de la humanidad ha evidenciado la vulnerabilidad de un sistema de comunicaciones complejo y universal que, visto lo visto, puede volver a fallar. 

También ha puesto de manifiesto la dependencia que millones de personas tenemos de los dispositivos electrónicos, de tal modo que en esas seis horas muchas familias recuperaron las conversaciones intergeneracionales, tan limitadas en la cotidianeidad por el influjo de las pantallitas, y se dispararon las tradicionales llamadas telefónicas, para algunos jóvenes tan antiguas. En definitiva, nos pusimos a charlar, a hablar cara a cara o boca a oreja y recuperamos la comunicación interpersonal de toda la vida.

Tan interesante experiencia sociológica debería hacernos reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de esta ascendencia de la tecnología y hasta plantear, si es el caso, la planificación de unos apagones periódicamente programados que nos permitan retomar de vez en cuando las relaciones interpersonales de la ya remota época analógica previa a internet, esas de antes de los 90, y que hemos hurtado a las generaciones posteriores.

Pero la caída de esos canales telemáticos de comunicación también ha revelado el poder omnímodo que ejercen esas multinacionales y la falta de transparencia con la que lo gestionan. La noche de ese lunes las informaciones sobre el incidente llegaban a las redacciones de los medios informativos con cuentagotas y más allá de un tuit en una red ajena a su emporio –cruel paradoja– en la que se reconocía la incidencia, los responsables del desaguisado no ofrecieron ninguna explicación, ningún detalle y siquiera ninguna excusa sobre lo que estaba sucediendo.

No se trata tanto de buscar culpables ni de reclamar la fiscalización de estas grandes empresas, sino simplemente de exigir el cumplimiento estricto de su responsabilidad deontológica en correspondencia con la descomunal influencia que ejercen en la comunidad.