No es una propuesta descabellada o una mera idea sacada a pasear. Los ayuntamientos extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena planean su fusión. Las dos localidades, separadas por unos pocos kilómetros, estudian su unión para convertirse en la que será la tercera ciudad en población de la Comunidad, solo por detrás de Cáceres y Badajoz. Con años de vecindad y una identidad administrativa compartida en diferentes ámbitos, los dos alcaldes apuestan por sumar en lugar de restar como mejor forma para luchar contra la despoblación y para atraer nuevas inversiones. Aún no se conoce el nombre que adoptará el futuro municipio ni el resultado de la consulta popular con la que se quiere refrendar esta iniciativa nacida desde la España interior, pero en ambos lugares se tiene claro que la fusión tendrá que preservar la identidad cultural y patrimonial de Don Benito y de Villanueva de la Serena.

El interés por esta unión, en cualquier caso, no reside tanto en la rareza política del acuerdo (que también) como en el respectivo tamaño poblacional de los dos municipios (Don Benito cuenta con 37.000 habitantes y Villanueva, 25.000). A las pequeñas capitales de provincia o a las de comarca se ha trasladado la que para muchos es la última barrera defensiva contra la despoblación, entendiendo que una vez perdidos los pueblos corresponde aguantar en las localidades de tamaño intermedio. Ganar tamaño para contar con más y mejores servicios que retengan a los más jóvenes es una garantía de supervivencia.

Nada obliga a replicar el caso extremeño. La realidad aragonesa posee tantas particularidades como las que expresan sus 731 municipios. Administrativa y políticamente organizado en ayuntamientos, Aragón cuenta con el respaldo de las comarcas, las diputaciones y del propio Gobierno regional. Desterrada del debate público por su elevada sensibilidad, la fusión entre pueblos se ha enfocado en Aragón hacia la mancomunidad de servicios que ofrecen las comarcas y hacia las colaboraciones fijadas históricamente entre localidades. La evidencia, pese a todo, describe tozudamente que la despoblación en el medio rural no se detiene.

En la Comunidad, donde más de un centenar de municipios carece de un solo epígrafe fiscal, la pelea por la supervivencia exige de una osadía política rayana en la excepcionalidad y de un atrevimiento que confirme que no se puede tratar a todo el territorio por igual. La simetría en las políticas, lejos de entenderse como un ejercicio de justicia, termina por agrandar las diferencias. Según explicaba Sergio del Molino –autor de ‘Contra la España vacía’– en una entrevista en HERALDO, ahora hay que plantear la defensa de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan.

Sin renunciar a un sistema de financiación autonómico que atienda las muchas particularidades del territorio y corrija los actuales sobrecostes, el Ejecutivo regional, al igual que el resto de los gobiernos de la España vacía, permanece atrapado en una pelea que busca explicar que no es lo mismo pensar presupuestariamente en el litoral mediterráneo que en la comarca del Campo de Belchite. El territorio exige de un liderazgo que provoque cambios sin miradas cantonales y que comprenda que la mejor forma de quedarse en el pueblo es con un puesto de trabajo. En este sentido, la futura ley aragonesa de dinamización del medio rural muestra distintos alicientes pensados para asentar población e, incluso, para atraerla. La existencia de una fiscalidad diferenciada –una experiencia que ya se practica en Europa– o la aplicación de incentivos a la natalidad o a la compra de vivienda son ejemplos de lo mucho que todavía puede hacerse en el medio rural.