La sentencia de la Audiencia Nacional que avala la legalidad del embalse de Almudévar, al rechazar el recurso de Ecologistas en Acción, representa un espaldarazo para una de las obras más importantes del Pacto del Agua de Aragón, sobre todo tras los reveses judiciales sufridos por los proyectos de Biscarrués y Mularroya. La Comunidad aragonesa ha realizado un gran esfuerzo para ir adaptando sus históricas reivindicaciones hídricas a las nuevas circunstancias, incluyendo indispensables criterios ambientales y sociales, además de mantener un especial empeño en alcanzar consensos entre todas las partes afectadas. Ese esfuerzo debe verse recompensado por parte del Gobierno central, al que compete la ejecución de las obras pendientes y la modernización de las infraestructuras más envejecidas.

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo respalda los estudios de viabilidad económica y técnica de la obra y considera que se cumplen los requisitos de recuperación de costes y no se afecta a las masas de agua. Los regantes aplauden el fallo, «la última piedra en el camino para concluir la obra», mientras los ecologistas, que tendrán que pagar las costas del proceso, ven «muy difícil» el recurso al Supremo, sin renunciar a ello.

Aragón tiene que seguir avanzando en sus planes hidráulicos a través de infraestructuras que deben estar condicionadas a su viabilidad, adaptadas al escenario de cambio climático, sostenidas en la menor afección posible al estado de las aguas y en el contexto del desarrollo rural. Los regadíos del siglo XXI no tienen ya nada que ver con los de la centuria anterior. Siguen siendo imprescindibles, pero tienen que superar rigurosas declaraciones de impacto ambiental y utilizar herramientas informáticas que optimizan la gestión del agua, la distribución y las necesidades energéticas.