El pasado viernes 27 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la resolución de 17 de agosto del director general de Investigación e Innovación «por la que se resuelve la convocatoria para el periodo 2020-2022, de subvenciones destinadas a financiar la actividad investigadora de los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón para el periodo 2020-2022».

 ¡Por fin! La decisión se ha hecho de rogar pero, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. ¿Seguro?

Hay distintas visiones. Para más de uno y de una es una tragedia. Una más a sumar al sistema público aragonés de investigación. Es la segunda vez que el presidente Javier Lambán y su Gobierno -primero con Pilar Alegría y ahora con Maru Díaz- llevan por la vía de los hechos la política pública de investigación aragonesa a la insignificancia. Por mucho que se publiciten el Pacto por la Ciencia o el ‘Plan autonómico de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos’, esas palabras quedan vacías en lo que respecta al apoyo efectivo a los grupos de investigación aragoneses.

Hace dos años (el 1 de agosto de 2019) se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones. En la resolución de 13 de marzo de 2020 también del director general de Investigación e Innovación, «se reconocieron un total de 251 grupos de investigación, 31 en la categoría de desarrollo y 220 en la categoría de referencia». Esto, como dice el BOA, para desarrollar las actividades propias de cada caso entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. A cualquier persona resulta, cuando menos, mal gestionado que la decisión se comunique a punto de comenzar septiembre de 2021. El calendario de la burocracia no casa con el de su aplicación. Alguien tendría que explicar el desfase y solucionarlo, porque no es la primera vez.

La tramoya se nos escapa. Probablemente, son muchos los intereses cruzados que se han enfrentado en las sombras. A efectos prácticos lo que no se recupera es el tiempo, ahora perdido, sin saber qué financiación estaría disponible. Ni se pueden revertir decisiones y expectativas truncadas por la falta de resolución. Es obvio que se puede y se debe gestionar mejor. ¿Dónde está la solución? La Administración aragonesa cuenta con profesionales muy cualificados, capaces de hacer mejor lo que vemos que no se hace bien. ¿No será un problema de gestión política?

A simple vista, las cosas tendrían que ser de otro modo. Los meses transcurridos desde la presentación de la documentación -complicada y abigarrada como pocas- han servido para repartir los fondos a casi la totalidad de los grupos presentados. Es un café para todos donde -si la suma no falla- 234 grupos han obtenido más de 65 puntos y, por tanto, financiación. Quince grupos se quedan por debajo de esa nota y no consiguen las migajas del prorrateo. Y son migajas, porque a los tres que obtienen la calificación máxima (100 puntos) se les conceden 30.980 euros. A los cinco grupos con 65 puntos se les asignan 20.137 euros. En medio, el resto.

Para hacer este reparto es sangrante que se tarde tanto. ¡El dinero que habrá costado! Pongamos 100 euros por proyecto, 25.000 euros, más las horas de administración, etc. Tiempo, dinero, recursos dedicados a una decisión que no busca ni la excelencia ni parece apuntar a una política pública bien planteada. Es cierto que más valen unos pocos euros que ninguno. En algunos casos, ni 500 por investigador en tres años. Para estas cantidades y este modo de incentivar la investigación, apaga y vámonos.

El pacto de gobierno de Lambán dejó en manos de Podemos ‘Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento’. Su gestión debería perseguir la eficiencia de los reducidos recursos disponibles como instrumento para una política de investigación propia. Los hechos muestran que no tiene suficiente prioridad, aunque en este periodo incierto la sociedad aragonesa se haya convencido de su papel determinante. Es muy poco probable que la consejera y su equipo repitan. Son muchos los cambios que ya se perciben en el horizonte. Ojalá mejore en el tiempo que le queda. En caso contrario, aumentará la brecha de nuestro país, Aragón, con su entorno.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza