La protección contra la covid de las personas mayores que viven en residencias debe ser una prioridad absoluta. 

Y este es el sentido de las disposiciones de la DGA que obligan a los trabajadores no vacunados de esos centros a realizarse pruebas diagnósticas con frecuencia. Quienes teniendo un estrecho contacto con personas vulnerables se niegan, por razones no objetivables, a vacunarse, están en su derecho, pero complican la gestión de la pandemia y asumen una grave responsabilidad al poner en peligro la salud de quienes reciben sus cuidados.

El auto del Tribunal Superior de Justicia que se conoció ayer no suspende la obligatoriedad de las PCR cada 72 horas para los trabajadores no vacunados de residencias de ancianos, pero sí rechaza, hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto, que sea el propio trabajador quien deba costear las pruebas. La decisión judicial es comprensible a la luz de la legislación, pero complica la gestión de la pandemia en uno de sus puntos más delicados. Unos 400 trabajadores de residencias, alrededor del 3% del total, siguen sin vacunar, lo que supone un innecesario peligro para los residentes. Si bien hay que respetar el derecho a no vacunarse, quienes deciden no hacerlo sin una causa justificada y trabajan con ancianos, enfermos o personas vulnerables están incurriendo en una grave responsabilidad sobre la que deberían reflexionar. Desde la ética y desde el sentido común, lo correcto sería que todos comprendiesen que el derecho a la salud y a la vida de los residentes debe prevalecer sobre otras consideraciones. En todo caso, la DGA tendrá que resolver la situación creada por la resolución judicial de manera que se garantice la seguridad de las residencias frente al virus. Y queda patente, una vez más, la falta de un marco legal adecuado, con rango de legislación estatal, que regule la compleja relación entre diversos derechos fundamentales que se ha creado a causa de la pandemia.