La facilidad con la que las milicias talibanes se están haciendo con el control del territorio y de las principales ciudades de Afganistán resulta sobrecogedora.

En esta situación dramática para aquel país, España debe hacer lo necesario para proteger a sus diplomáticos y a otros españoles allí desplazados; pero tiene que cumplir también, y urgentemente, con la ineludible obligación moral de rescatar a todos aquellos ciudadanos afganos que colaboraron con las tropas españolas y les ayudaron a cumplir su misión.

Algunos analistas consideran que es cuestión de semanas o de unos pocos meses que los talibanes tomen la capital, Kabul, y se hagan así, de nuevo, con el control total de un país que sufre una sucesión de guerras y de tiranías sectarias desde hace más de cuarenta años. Los talibanes -un grupo islamista especialmente fanático, opresor y violento- se están moviendo con rapidez al hilo de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, que Biden anunció que se completaría el próximo 11 de septiembre, pero que parece haberse adelantado. El rápido retorno de los talibanes señala el fracaso de una intervención militar occidental que ha durado dos decenios y que -a pesar del coste que ha supuesto en vidas y dinero y de su carácter, en lo fundamental, bienintencionado- no ha conseguido instaurar en Afganistán instituciones políticas medianamente sólidas y racionales. España, que participó activamente en el empeño de estabilizar y reconstruir el país y cuyas Fuerzas Armadas han dejado allí un buen número de vidas, además de un ímprobo esfuerzo, tiene ahora que prestar protección a los ciudadanos afganos que trabajaron codo con codo con los soldados españoles, muchas veces como traductores. Hay que traerlos cuanto antes a España, junto con sus familias, para librarlos de las seguras represalias que en caso contrario les aguardan. Rescatarlos es un deber moral y una cuestión de dignidad.