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Inseguridad jurídica

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  • Editorial
Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 24/07/2021 A LAS 05:00
Javier Marzo, Sira Repollés y Francisco Javier Falo, en rueda de prensa este jueves para informar de las medidas.
Javier Marzo, Sira Repollés y Francisco Javier Falo, en rueda de prensa el jueves para informar de las medidas.
DGA

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha querido marcar distancias con la DGA a cuenta de las restricciones para luchar contra la expansión de contagios

Por una parte, no se pronuncia sobre el toque de queda para Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón con el sólido argumento de que no puede valorar si es legal restringir la movilidad cuando Sanidad no ha aprobado todavía la orden. En segundo lugar, inicia los trámites para llevar la ley aragonesa anticovid (3/2020) ante el Tribunal Constitucional porque aprecia un posible vicio de inconstitucionalidad en este ‘paraguas’ jurídico. El desbarajuste legal, que el Gobierno central no ha querido solucionar, es enorme. Después de año y medio de caos normativo, sigue faltando una legislación clara sobre cómo y cuándo las comunidades pueden restringir derechos fundamentales.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA no se opone a los toques de queda de 1.00 a 6.00 propuestos por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno aragonés el pasado jueves, 22 de julio, sino que no admite la petición para autorizarlos con una razón de peso: el control judicial sobre las decisiones de la Administración solo cabe a posteriori, nunca con carácter previo. El TC deberá pronunciarse sobre la ley aragonesa anticovid (3/2020). Ahora bien, si ya ha declarado la inconstitucionalidad de una parte de las restricciones del primer estado de alarma, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo del año pasado en pleno estallido de la pandemia, cabe aventurar que hará lo mismo con las normas autonómicas que están permitiendo ahora confinamientos sin ni siquiera la cobertura del estado de alarma. El resultado de toda esta maraña judicial es que la falta de un marco legal bien aquilatado deja la lucha contra la enfermedad sometida a una inseguridad jurídica absolutamente censurable. 

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