El primer error provino de Moncloa. Tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, la todavía portavoz del Ejecutivo María Jesús Montero hacía público el respaldo del Gobierno a la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona.

 La cita, celebrada a los pocos días de la concesión de los indultos y vendida a la opinión pública como un primer paso para el deshielo en las relaciones con la Generalitat, sirvió para oficializar la existencia de un nuevo sueño olímpico que tras las palabras de la ministra mostraba al Gobierno catalán como único protagonista. Insertada en el diálogo abierto entre Sánchez y Aragonès, la renovada candidatura para unos juegos de invierno en la cordillera pirenaica dejaba fuera a la DGA y convertía la iniciativa en lo que parecía una pieza del intercambio político.

Concebidos como un proyecto de Estado, fraguado durante meses, los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 se presentan como una excelente idea para sacar a Cataluña del aislamiento al que le ha sometido el independentismo. En permanente desafío con el resto de España y sin puentes con otras comunidades, la posibilidad de que la Generalitat colabore con Aragón fija la construcción de un escenario político con una elevada proyección.

Las repetidas conversaciones entre el presidente aragonés Javier Lambán y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), siempre han dejado clara la condición de paridad entre las dos comunidades. Así, si la ceremonia de apertura se celebrase, por ejemplo, en Zaragoza, Barcelona acogería la clausura. A estas alturas, poco importa dónde se abra o dónde se cierre porque lo realmente significativo es fijar los términos de una candidatura cuya denominación contará con la palabra Pirineos y nunca llevará en solitario el nombre de alguna de las dos capitales (Zaragoza y Barcelona).

Instalados sobre este acuerdo que se presuponía compartido, la carta de respaldo redactada por la Generalitat, imprescindible junto a las del Gobierno central y del aragonés para que el COE presente la candidatura española ante el Comité Olímpico Internacional (COI), volvió a confirmar que Cataluña insiste en la formalización de un proyecto repleto de un protagonismo excluyente. El redactado de Aragonès nombra expresamente a la candidatura como Pirineus-Barcelona, volviendo a ignorar toda referencia a Aragón. El lógico malestar de Lambán se expresó el jueves en forma de ruptura. Aragón se descolgaba de la candidatura siendo consciente de que sin su participación y consenso el COI bloquearía la iniciativa, aunque lo más sorprendente fue que la carta escrita por la Generalitat -tal y como confirmó el ministro Miquel Iceta- se envió al COI.

Pese a todo, el movimiento de la DGA causó su efecto. El Gobierno central llamó a Lambán asegurándole que se abría una nueva negociación para recomponer la situación. La vía empleada, no cabe duda, será la de Salvador Illa y el PSC. En Cataluña, los Juegos Olímpicos de Invierno son una cuestión no menor que, conviene recordar, llevaban en sus programas electorales tanto ERC como Junts. Aunque la CUP rechaza el proyecto y reclama con carácter previo una consulta popular, el presidente de la Generalitat asume las muchas ventajas -las mismas que en forma de inversión pueden beneficiar en Aragón a la industria de la nieve- que aporta un proyecto olímpico.

Si el Gobierno de Cataluña no reconoce la oportunidad que esta candidatura le brinda para recomponer muchos de sus errores solo logrará insistir en sus mismas equivocaciones. Sin consenso, tal y como hoy asegura en HERALDO Alejandro Blanco, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 no tienen ninguna posibilidad. La condición inalienable que esta iniciativa tiene como proyecto de Estado, reclamada por Lambán y defendida de manera indiscutible por el COE, responde a la defensa de una idea compartida que no admite su apropiación por parte de la Generalitat.

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