El Gobierno central está decidido a reconducir la candidatura olímpica para los Juegos de Invierno de 2030 después de que Javier Lambán se haya desmarcado del proyecto por el comportamiento «desleal» de la Generalitat. 

La Moncloa, que ha sido ambigua en algunos momentos, no puede consentir que las autoridades independentistas se salten lo pactado y de forma unilateral aludan a una candidatura ‘Pirineus-Barcelona’. Su tacticismo provocador es inaceptable cuando torpedea las buenas relaciones que siempre deben existir entre dos regiones vecinas con tantos lazos de unión.

A pesar de que desde la DGA se había argumentado desde hace más de un año que la iniciativa olímpica debe ser un proyecto de Estado, con la participación de Aragón y Cataluña en «igualdad de condiciones» y con una denominación consensuada, la Generalitat ha decido unilateralmente hacer oficial su interés por organizar los Juegos «Pirineus-Barcelona». La decisión de Pere Aragonès constituye un nuevo acto de deslealtad hacia el COE y Aragón. Su actitud desafiante parece responder más al deseo de que no haya un día sin provocación que a un proyecto político dirigido a mejorar la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de los españoles.

El Gobierno de Pedro Sánchez hace bien en atender la reclamación del presidente aragonés, que cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición, porque le asiste la lógica y la equidad cuando explica que Aragón no puede sumarse al proyecto mientras no se recomponga el consenso que labró el COE y que pasa por una «igualdad absoluta» de los dos territorios. Desde la Generalitat se han justificado con el argumento de que aún está todo por concretar. Si es así, deben abandonar la provocadora estrategia de las declaraciones unilaterales y entrar en la senda de la colaboración leal y el consenso institucional. La Moncloa está para vigilar que así se cumpla.