El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para una primera fase de la reforma del sistema de pensiones. La revalorización vuelve a estar ligada al IPC y se penalizarán las prejubilaciones voluntarias. El pacto cerrado este lunes no abarca todos los cambios comprometidos con Bruselas. Para la siguiente ronda de negociación en la mesa del diálogo social quedan precisamente muchas de las cuestiones más espinosas: el cómputo de años para calcular las pensiones, la subida de las bases máximas de cotización, las cotizaciones de autónomos por sus ingresos reales y los cambios relativos a las pensiones máximas. No obstante, hay que dar la bienvenida a este primer acuerdo de reforma porque es un hecho que el actual sistema no es sostenible a medio plazo. 

Después de meses de negociaciones, el ministro José Luis Escrivá ha cerrado una reforma con la patronal y los sindicatos. El consenso cuando se trata de cambios estructurales que afectan a todos los ciudadanos siempre es un valor. De cualquier modo, aún queda por fijar qué fórmula sustituirá al derogado ‘factor de sostenibilidad’, el coeficiente reductor vinculado a la esperanza de vida de los jubilados a aplicar en la cuantía que percibirán los trabajadores cuando se retiran. Hay un compromiso para perfilar antes de finales de año un nuevo ‘mecanismo de equidad intergeneracional’, que empezará a funcionar en el 2027, pero sigue siendo una incógnita.

El Gobierno tiene que persistir en esta vía de diálogo y consenso con los agentes sociales, a los que habría que sumar a los partidos, para asegurar lo antes posible la viabilidad del sistema público de pensiones. Las amenazas más graves están en el medio plazo y proceden de la prolongación de la esperanza de vida, del aumento progresivo de los periodos de percepción de las prestaciones y de la precariedad en el empleo.