¿Está el poder judicial en entredicho?
Mucho antes de que Montesquieu lo sentenciara, filósofos y pensadores ya habían entendido que la democracia requería una rigurosa división de los poderes públicos para que funcionase de forma eficaz y se garantizasen los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Democracia quiere decir que los poderes, todos los poderes que se encargan de regir un colectivo humano, emanan del pueblo. Los sistemas electorales que existen, variados y mejorables todos ellos, determinan que en primer lugar los ciudadanos elijan a sus representantes en las asambleas, cortes o parlamentos, dejando en sus manos la capacidad de hacer las leyes por las que ha de regirse la comunidad; es el poder legislativo, que a su vez elige el aparato del gobierno, el poder ejecutivo, al que se encomienda la ejecución de las leyes emanadas de la voluntad popular representada en los parlamentos; y para evitar las desviaciones, abusos o malas interpretaciones de las leyes o sus posibles efectos lesivos, para ejercer el control sobre esos poderes, se articula el tercer poder, el judicial, a quien se encomienda ese control y se le asigna plena independencia para ejercerlo.
¿Es el pueblo, a través del parlamento una vez más, quien debe elegir al cuerpo judicial? ¿Tiene algo que decir el gobierno sobre esa elección? ¿Son los hombres y mujeres que han logrado la toga acreditando sus conocimientos y competencia quienes deben elegir entre ellos a quienes han de ejercer el control judicial? Complejo asunto cuya solución se deja a las constituciones y a las leyes orgánicas; pero que siempre, en todo caso, ha de exigir un exquisito respeto y acatamiento a las resoluciones y sentencias que dimanen de este tercer e importantísimo poder del Estado. Cuando ese respeto se quiebra, se resquebraja todo el edificio democrático y constitucional.
Es evidente que las resoluciones de los tribunales pueden no gustar a los gobernantes cuando les tuercen el brazo, pero su obligación es aceptarlas y en modo alguno discutirlas o tacharlas con adjetivaciones impropias, como que son vengativas o revanchistas. La ley es la ley, por dura o compleja que nos pueda parecer. Y siempre existen mecanismos de recurso hasta altísimas instancias. Son peligrosos esos desacatos, pues por ahí se empieza a descomponer el Estado de derecho, cuando un poder descalifica o pone en entredicho la capacidad, solvencia o intenciones de otro de esos poderes que componen la arquitectura, siempre delicada, de las sociedades democráticas.
El caso de los indultos a los políticos presos de Cataluña y la airada reacción del Gobierno al informe del Tribunal Supremo es muy preocupante por lo que supone de enfrentamiento entre los poderes del Estado. Poner en entredicho la independencia del poder judicial me parece un grave atentado contra esa estructura frágil que es siempre un Estado democrático y de derecho, que como primera premisa debe asentarse sobre una firme separación de los poderes que configuran la condición de una democracia que se precie.
