En su primera explicación ante la opinión pública tras los indultos, el presidente del Gobierno volvió a esgrimir, con variaciones, los conocidos argumentos del perdón y la concordia. 

Sánchez insiste, en definitiva, en considerar la medida de gracia como el primer paso hacia la normalización política en Cataluña. Su aserto, sin embargo, tiene en contra la evidencia del comportamiento y las declaraciones que han mantenido estos días tanto los indultados como el Govern.

Mucho tendrían que cambiar las actitudes de los dirigentes secesionistas y de la Generalitat para que esa normalización apareciese en el horizonte. De momento, los indultados y sus partidarios han contestado a la medida de gracia con desafíos y exigencias intempestivas, y dando por hecho que el perdón que se les ha concedido mostraría la situación de debilidad del Estado. Ayer Sánchez no quiso dar réplica a estas afirmaciones, como si no tuvieran importancia, cuando ponen en cuestión el principal argumento con el que ha justificado su decisión, el de favorecer la concordia y el avance hacia la normalidad. Es significativo que se planteen ya otros posibles ‘alivios’ de la carga judicial que pesa, a causa de sus acciones al margen de la ley, sobre dirigentes separatistas (incluso se ha llegado a hablar de un posible y disparatado indulto ‘anticipado’ a Puigdemont, que el ministro de Justicia ha descartado por completo). Resulta llamativo y preocupante, por ejemplo, que el ministro Ábalos desautorizase ayer el procedimiento que el Tribunal de Cuentas sigue contra unos cuarenta ex altos cargos de la Generalitat por el presunto uso ilícito de fondos públicos para buscar apoyos al ‘procés’ en el exterior; y que el presidente de la Generalitat se expresase después en el mismo sentido. En estas condiciones, es inevitable que el camino iniciado con los indultos despierte en una gran parte de los españoles muchos más recelos y temores que expectativas de normalidad.