Prometo que me prometí no escribir sobre los indultos, pero he terminado sucumbiendo a los cantos de sirena para tratar dos cuestiones relacionadas con el particular.

No está de más recordar que en una monarquía parlamentaria la participación del Rey en la concesión de los indultos es un acto debido. Felipe VI no puede negarse a la misma sin violentar el espíritu de la Constitución. Nuestro sistema constitucional no encomienda al Jefe del Estado el control de legalidad y constitucionalidad de los actos del Gobierno. Y mucho menos el control de éstos desde la perspectiva de su oportunidad.

Adicionalmente, hay que subrayar que difícilmente será judicial la responsabilidad que pueda exigirse al Gobierno por excarcelar a los presos del ‘procés’. No estamos ante una decisión infundada. Cuestión diferente, claro, es que los motivos que la justifican no se compartan, por entender que el indulto supone otra claudicación frente al nacionalismo excluyente. O que no se comparta el súbito cambio de parecer del Gobierno, por incoherente. Si bien, la responsabilidad que por ello pueda exigirse solo será política, pues en lo que respecta a la utilidad pública que justifica los indultos, no pueden los jueces dirimir si la decisión es osada y lícita, o frívola e ilegal. El tiempo y las urnas dirán si la decisión del Gobierno de Sánchez era reprochable. Pero dar respuesta ahora a esta pregunta solo puede hacerse a costa de darse un chapuzón muy poco apetecible. Ni siquiera a las puertas del verano.