Pedro Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará hoy los indultos a los presos del ‘procés’ que aún tienen condena por cumplir. El presidente del Gobierno justifica esta medida de gracia, a la que se oponen todas las instancias judiciales pertinentes, con el argumento de que se trata de un mensaje para reconciliar a la sociedad catalana y española. El fallo de esta justificación es que se basa en una premisa falsa. No existe un enfrentamiento entre catalanes y españoles, sino un desafío a las instituciones del Estado por parte de los gobernantes de una comunidad autónoma que se han saltado las leyes, tanto la Constitución como el Estatuto. Los hechos, corroborados ayer mismo, son que el sector independentista ni se arrepiente ni acepta la Carta Magna. Poco sentido tiene, pues, conceder medidas de gracia. Aunque el líder del PSOE insista en negarlo, sigue comportándose como alguien que debe su poder a los separatistas.

Pedro Sánchez es consciente de que hay mucha oposición en el resto de España a estos indultos, sobre todo porque los independentistas no han manifestado ningún tipo de arrepentimiento. Por ello ha protagonizado numerosos actos de propaganda, como el de ayer en Barcelona: «No esperamos que quienes aspiran a la independencia vayan a cambiar. Sí esperamos que se comprenda que no hay caminos fuera de la ley». Sin embargo, para que quien fue condenado entienda que debe actuar dentro de las leyes no es preciso aplicarle una medida de gracia, sobre todo si anuncia que volverá a intentarlo. Por eso, la cesión del presidente del Gobierno, a cambio de nada y con constantes desaires por parte de la Generalitat, es algo más que un error político, es una aberración jurídica.

Está claro que España arrastra un problema con el desafío del bloque soberanista catalán. Para desactivarlo es necesario multiplicar la pedagogía con el objetivo de que la mitad independentista de la región recupere el interés por el proyecto democrático español, ese mismo que en 1978 le llevó a votar de forma mayoritaria la Constitución. Lo que es inverosímil es que los indultos vayan a servir para esta meta; más bien cabe esperar todo lo contrario. Oriol Junqueras, condenado por delitos tan graves como la sedición y la malversación, y Carles Puigdemont, huido de la Justicia, teledirigen una coalición entre ERC y Junts cuyo programa constituye un despropósito, al fijar como «objetivos nacionales» los de «culminar la independencia» y «alcanzar la república catalana». Los rupturistas siguen con su relato supremacista, mientras Sánchez parece que ha olvidado que no se puede negociar con los derechos de unos ciudadanos para beneficiar a otros.