Ni indicios de arrepentimiento ni, por supuesto, propósito de enmienda. Ni siquiera han empezado con el examen de conciencia.

Si acaso, todo lo contrario, los dirigentes independentistas catalanes –los presos, los huidos y los que vuelven a gobernar la Generalitat, y ya llevan once años seguidos– no creen que tengan nada de lo que arrepentirse y siguen estudiando, sin esconderse, cómo volver a burlar la Constitución. Así que lo que dice el informe del Tribunal Supremo en contra de los posibles indultos a los sediciosos en realidad lo vemos todos, salvo los ilusos o los que prefieren cerrar los ojos. En cuanto a la actitud del Gobierno, más inquietante aún que el hecho de que pueda llegar a indultarlos es que su presidente, desdiciéndose de su postura de hace un par de años, haya asumido la tesis de que los políticos que fraguaron y ejecutaron la intentona secesionista han sido tratados con excesivo rigor, incluso con ánimo vengativo. Una vez más, es el propio Gobierno el que erosiona el Estado de derecho y desprestigia las instituciones en beneficio de quienes pretenden destruirlas. Sánchez y su entorno llevan mucho tiempo persiguiendo la quimera de que si a los independentistas se les da una oportunidad, si se les tiende la mano, están deseando volver a la senda del respeto a la Constitución y al Estatuto. 

La realidad desmiente una y otra vez esa idea. Los indultos no serán el primer paso hacia una concordia que ni ERC ni Junts ni por supuesto la CUP desean, sino que les confirmarán que, frente a la debilidad del Gobierno, mantenerse en sus trece es la mejor forma de arrancar concesiones. Indultar a los sediciosos, aunque fuera en verano y aprovechando la sordina vacacional, sería un grave error.